6 nov 2026 · @Fernando
Pequeño
Introducción
En Salta, las instituciones que deberían controlar al poder
son las primeras en quedar bajo su sombra: eso es lo que sostiene Fernando
Pequeño Ragone en la entrevista que le hizo Marcela Jesús en el programa De
Buena Fuente (FM Atlántida), de unos 33 minutos. Su argumento recorre tres
terrenos aparentemente distintos: el Comité Provincial de Prevención de la
Tortura, la próxima elección y la política de seguridad del gobierno
provincial.
Los tres comparten una misma lógica. Un poder vertical y
centralizado, concentrado en la figura del gobernador, bloquea los mecanismos
de control, deja sin cauce la participación ciudadana y reduce los problemas
sociales a cuestiones de mando y de orden. Este ensayo reconstruye cada eje a
partir de lo dicho en la entrevista y propone que esa lógica común es la clave
de lectura del conjunto.
El Comité de Prevención de la Tortura y la denuncia al
Ejecutivo
Fernando explica el Comité como un mecanismo nacido de la
experiencia de Naciones Unidas para prevenir y erradicar la tortura en todo
lugar de encierro: cárceles, comisarías, hospitales, hogares de niños y de
ancianos. La cárcel es el caso más frecuente porque es, dice, "el medio
más brutal de la represión". El diseño tiene dos niveles: el Comité, un
órgano técnico de cinco miembros que acceden por concurso, y el Consejo
Consultivo, su órgano político. Los cinco se distribuyen así: uno por el Ejecutivo,
uno por el Senado, uno por Diputados y dos por organizaciones de derechos
humanos.
Subraya dos rasgos. Es un mecanismo
"descentralizado", una idea que le cuesta entender a una cultura
política salteña que describe como verticalista "no solamente los
peronistas, sino todos los salteños". Y es una institución que controla al
Estado, de modo que su integración importa: sin representantes independientes
se corre el riesgo de "poner el zorro en el gallinero". Por eso
concede un peso especial a los dos cargos de las organizaciones, que aportaban
"cierto tono de control" frente a los representantes de los poderes.
La denuncia al Ejecutivo se apoya en hechos concretos:
- Nunca
hubo representante del Ejecutivo. En sus palabras, "al Ejecutivo
no le interesa", y eso en una institución con unos cuatro años de
vida.
- El
Comité funciona con dos de cinco miembros, Ramón Corregidor por
Diputados y Andrés Giordamachi por el Senado, lo que vuelve imposible
sostener las visitas a cárceles y comisarías.
- Los
concursos para los cupos de las organizaciones están vencidos hace un año
y deben ser convocados por el Ejecutivo, a través del Ministerio de
Gobierno. Aunque el tema está hablado con el ministro y con el secretario
de Justicia, Fernando ve "una contienda muy clara de
dilatación".
- Una
hipótesis de represalia. Sola, que representaba a las organizaciones y
presidía el Comité, tuvo cuatro años de acción incisiva y luego ganó un
concurso para el órgano nacional. Fernando no encuentra otra explicación
para que no se convoque su reemplazo: "ustedes van a entender cómo
funciona el poder en Salta".
- El
cambio de esquema de pago. Durante los primeros cuatro años el
presupuesto estaba centralizado en el Ejecutivo; después cada poder pasó a
pagar a su representante, de modo que, según él, el del Ejecutivo no cobra
nadie. Dice que tiene "pros y contras", pero lo lee como parte
del mismo conflicto.
Detrás de esos hechos hay una lectura institucional. En los
últimos años el Comité logró sentar a la Corte de Justicia en una audiencia
sobre la emergencia carcelaria, y la Corte le pidió al Ejecutivo que se pusiera
a trabajar. Fernando interpreta que el Ejecutivo vivió eso como una pérdida de
poder y respondió con "una lucha de poderes de suma cero". Quienes
pagan ese conflicto son los más desvalidos: unas 1.600 personas presas y los
detenidos en comisarías del interior, custodiados por una policía que no fue
formada para eso ni tiene presupuesto para alimentarlos. Su estampa es
elocuente: policías que salen a pedir un plato de comida al director de la
escuela para dárselo al preso.
La evaluación final es dura: en una escala de 1 a 10,
"menos 20". Y su diagnóstico es que no falta marco ni saber técnico,
sino voluntad política. Para marcar la distancia recuerda que su abuelo, siendo
gobernador en los años setenta, designaba a alguien para ocuparse de los
presos; cincuenta años después, con un mecanismo internacional completo, el
Estado "le pone arena encima" a la situación carcelaria.
La próxima elección: un sistema político bloqueado
El segundo eje es un diagnóstico del sistema político más
que un pronóstico de resultados. Fernando lo formula desde una posición
incómoda: sigue afiliado al PJ, pero "renegando mucho de esa
afiliación". Dice que no lo representa ni el PJ de la doble intervención
ni el actual, conducido por Julio San Millán. Viene, afirma, de otro peronismo,
el de Perón y Evita, donde el trabajador aportaba y la conducción se construía
entre todos, y lo que ve hoy es "un partido de unos pocos", con liderazgo
carismático atado al poder del gobernador y sin una verdadera elección de
autoridades. De ese ritual, que sigue disfrutando, dice que se volvió
"vacío".
Aclara que no se trata de San Millán, a quien llama "un
tipazo". El problema es estructural: quien acepta las reglas de una
conducción centralizada y aplastante "se convierte en parte del problema
más que de la solución". La comparación con el ministro de Seguridad, que
aparece unos minutos antes, es deliberada: la buena voluntad individual no
alcanza dentro de un modelo de mando.
De ahí su pronóstico. Ve "muy para atrás" el
armado electoral y no encuentra salida por las urnas: la estructura de poder se
reproducirá, legitimando la economía de la minería y la agroexportación y
desintegrando a la clase media. Tres factores sostienen esa lectura:
- La
clientelización de las bases. Los jóvenes herederos de las familias
peronistas originarias no logran llegar a la conducción, y los
intendentes, subordinados al gobernador, colocan a los representantes.
"Cierra todo en un paquete perfecto para que nada cambie."
- La
fragmentación del campo popular. En las últimas tres elecciones vio
cómo la centroizquierda y los partidos pequeños intentan articularse y
alguien "rompe todo", se presenta como hegemónico y luego vende
a sus aliados. Los partidos chicos, además, adquirieron las mismas mañas del
poder centralizado y se compran "como sellos" en cada elección.
Observa también que no hay reflexividad sobre lo que se hace mal.
- El
vacío de contenidos. Antes, recuerda, había al menos un papelito con
veinte ideas; hoy los candidatos llegan sin proyecto, "a hablar
tonterías para quedar bien con una audiencia", y funcionarios electos
reniegan de la política con el argumento de que son técnicos.
En ese cuadro explica el crecimiento de Emilia Orozco (LLA):
"crece porque las bases no logran articular", ni superar la
competencia de suma cero y los personalismos. No la votaría "jamás",
pero está dispuesto a conversar con ella "desde la diferencia más
radical", y sostiene que a los demás partidos les falta diálogo entre sí.
Sobre Urtubey dice que es "un cuadro muy potente", pero que todavía
no sabe qué propondría; recuerda que no se vota a personas sino a un
gobernador, un legislador o un Ejecutivo, y que hay que separar a la persona de
la propuesta.
Hacia el final deja ver su propia ubicación. Quiere que al
peronismo le vaya bien, le preocupa que los más jóvenes digan "ni
peronista ni LLA", y reconoce que mide sus energías, porque
"construir en soledad y con ideas utópicas tiene su costo". Es una
posición coherente con su figura pública fuera de las estructuras partidarias,
en la sociedad civil.
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Síntesis visual
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La política de seguridad del gobierno de Salta
El tercer eje ata la seguridad al modelo de Estado. Fernando
ubica al ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, en la misma línea del
gobierno de Sáenz: mano dura y "no solución", dentro de un Estado en
retracción que hace negocio con las mineras y que piensa en pocos
privilegiados. Reconoce al ministro como el mejor que tuvo Salta hasta ahora,
porque conoce el territorio y es más permeable a la gente. Pero su tesis es que
ese mérito individual no cambia el resultado: "cualquier ministro de
seguridad, por mejor persona que sea", queda dentro de la línea de
conducción y puede, a lo sumo, legitimar la mano dura. Por eso no le ve salida
a la política pública de seguridad "en este modelo".
Pone como ejemplo reciente el caso del hombre con
esquizofrenia en Tartagál, tras el cual el ministro pidió mano dura y pistolas
Taser, algo con lo que Fernando dice no estar de acuerdo. Agrega que "el
gatillo fácil está a la orden del día" y extiende la preocupación al
Ministerio de Educación, que ante la violencia de los chicos de primaria
respondió poniendo policía en el frente de las escuelas en lugar de
escucharlos.
Su crítica se apoya en tres señales de cierre institucional:
- Se
desguazó la policía comunitaria y vecinal, incluida la experiencia de los
paracelitos en la Municipalidad de Salta.
- Los
mapas del delito, que durante unos veinte años permitieron a la gente
saber qué pasaba en su territorio más próximo, hoy son información
cerrada, manejada solo por el técnico policial.
- Esa
información cerrada le da seguridad de mando al ministro y al poder
político, porque el jefe de policía y el ministro dependen de la voluntad
central del gobernador. "Si ese gobernador no abre el juego a la
ciudadanía civil, no pasa nada. Es el régimen que tenemos."
También explica por qué la mano dura tiene respaldo social.
En sus mesas de trabajo en el interior, comerciantes y empresarios le
respondieron que no les pidiera pensar en los presos mientras les roban y la
policía no responde. Fernando lo resume en la frase que repite la gente,
"a mí no me va a pasar", y advierte que con una seguridad de mano
dura "cualquiera puede caer".
Su propuesta es de signo contrario: integrar a la ciudadanía
en el control de las instituciones, incluidas las cárceles, y en el
acompañamiento de una policía comunitaria en la calle. Y pide llevar la
seguridad de los presos a la agenda de la campaña, para que deje de ser un tema
invisible de la agenda pública.
Conclusión
Los tres ejes son tres escalas de un mismo problema. En el
Comité, el Ejecutivo evita integrar y renovar un organismo que lo controla, y
deja sin visitas ni garantías a las personas privadas de libertad. En el
sistema electoral y partidario, la conducción centralizada y la clientelización
de las bases impiden que surjan actores nuevos, de modo que la elección tiende
a reproducir lo existente. En la seguridad, el cierre de la información y la
renuncia a la policía comunitaria refuerzan el mando político y desplazan a la
ciudadanía.
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