ASOCIACIÓN
MIGUEL RAGONE
Salta, Argentina · Julio de
2026
Seguridad para la Vida, No
para el Cercamiento
Un llamado de la Asociación
Miguel Ragone al personal policial, a los legisladores, a los municipios y a la
población del monte anteño.
Por
Fernando Pequeño Ragone
asistido por NotebookLM, Gemini y Claude IA
A
cerca de mi escritura asistida con IA.
Contenidos
I.El monte como tejido vivo, no como vacío a proteger de su gente
II. Cuando la conservación se privatiza: la trama detrásde la capacitación policial
III. El caso del Río Seco: de la subsistencia al"delito ambiental"
IV. La herida invisible: memoria, vínculo con la tierra y"desjaguarización"
V. Una policía sin pueblo: raíces históricas de laseguridad del orden
VI. Anta, espejo de una tensión que atraviesa al país
VII. Hacia una seguridad popular, democrática y soberana:qué puede hacer cada actor
Para el personal policial, en particular la División Ambiental y Rural
Conclusión: Un pacto por la vida en común
La
Asociación Miguel Ragone dirige este documento a tres destinatarios que, aunque
ocupan lugares distintos en la vida pública, comparten una misma
responsabilidad sobre el futuro de Anta: el personal de la Policía de la
Provincia de Salta —en particular quienes integran la División Ambiental y
Rural—, los legisladores y funcionarios municipales que deciden las normas que
rigen el territorio, y las familias criollas e indígenas que habitan, trabajan
y cuidan el monte desde hace generaciones. A todos ellos, la Asociación quiere
transmitirles una preocupación y, al mismo tiempo, una propuesta.
La
preocupación es la siguiente: en el departamento de Anta, sobre el curso del
Río Seco, un modelo de conservación ambiental impulsado por fundaciones y
empresas privadas está utilizando a la fuerza pública para resguardar intereses
comerciales, mientras trata como sospechosas a las familias que desde siempre
pescaron, pastorearon y recolectaron en ese territorio. La Asociación Miguel
Ragone documentó cómo, en la Finca San Fernando, jóvenes de comunidades vecinas
fueron detenidos durante siete horas por pescar en el río que atraviesa esa
propiedad, a raíz de una denuncia realizada por el personal de un
emprendimiento de pesca deportiva que opera allí. Ese episodio, lejos de ser un
hecho aislado, es la punta visible de un entramado más amplio: capacitaciones
técnicas dictadas por corporaciones privadas a la propia policía provincial,
bajo el lenguaje aséptico de la "gestión de externalidades
ambientales".
La
propuesta, en cambio, es de esperanza: la Asociación Miguel Ragone cree que es
posible construir una seguridad rural que proteja el monte sin expulsar a
quienes lo habitan, y que esa tarea depende de la voluntad conjunta de la
policía, de quienes legislan y gobiernan los municipios, y de la propia
comunidad organizada. Este documento recorre cinco ejes: primero, por qué el
monte no es un vacío que deba "protegerse de la gente"; segundo, cómo
opera la cooptación corporativa de la fuerza pública en Anta; tercero, qué
heredó la institución policial de su historia larga y de su historia reciente,
marcada por la dictadura; cuarto, por qué Anta condensa una tensión que
atraviesa a toda la Argentina rural; y quinto, qué acciones concretas puede
tomar cada uno de los públicos a los que se dirige este texto.
Conviene
empezar por una idea sencilla, aunque poco repetida en los despachos oficiales:
el monte de Anta no es una "naturaleza pura" a la espera de ser
aislada del ser humano. Es lo que distintos investigadores han llamado un
socio-ecosistema, una tapicería viva tejida durante generaciones por las
prácticas de sus habitantes (Gómez, 2015; Ferrero & Arach, 2021). Pensar la
conservación como el cercado de áreas "intocadas" repite un dualismo
que separa artificialmente a la sociedad de la naturaleza (Latour, 2004;
Santos, 2016), como si las familias que pescan en el Río Seco o que llevan sus
animales al pastoreo fueran una amenaza para el ecosistema y no parte
constitutiva de él.
La
Asociación Miguel Ragone quiere ser clara frente a la población del monte
anteño: cuando se recorta un pedazo de territorio y se lo declara "área de
conservación estricta", lo que se corta también son historias de vida,
rutas de trabajo y modos de sustento que las familias tejieron durante décadas
(Ferrero, 2021). No se trata de negar la importancia de cuidar el bosque nativo
—al contrario—, sino de discutir qué modelo de cuidado se está imponiendo y a
costa de quién.
En
Anta, ese modelo tiene nombre y apellido institucional: la Fundación Bosque y
Vida despliega su actividad sobre la Finca San Fernando, un predio de entre
17.724 y 20.000 hectáreas ubicado sobre el Río Seco. En sus estatutos y
plataformas digitales, la fundación promociona la "coexistencia
armónica" y el "fortalecimiento comunitario", bajo estándares
internacionales como los Climate, Community & Biodiversity Standards y el
Verified Carbon Standard, orientados a la venta de bonos de carbono. La
Asociación Miguel Ragone no discute que existan estándares internacionales de
sostenibilidad; lo que problematiza es la distancia entre esa retórica y lo que
ocurre en el territorio, donde el mismo modelo que promete "armonía"
terminó denunciando y deteniendo a jóvenes por pescar.
Para
entender cómo una fundación de conservación termina incidiendo sobre el
accionar de la policía provincial, la Asociación Miguel Ragone considera
indispensable nombrar a los actores y los mecanismos concretos. La licenciada
Nidia Boggio, CEO de GMF Argentina, es una figura clave en los proyectos de
carbono y conservación forestal de la región: se presenta como experta en
Soluciones Basadas en la Naturaleza y, al mismo tiempo, participa en sociedades
agropecuarias y forestales en Anta, entre ellas Pioneros de Anta S.A., Potrero
de Anta S.A. y Antanor S.A. El estatuto de esas firmas prevé explícitamente un
área de capacitación y asistencia técnica destinada a formar a organismos
públicos —entre ellos, la propia policía— en "gestión ambiental" y
"administración de externalidades ambientales".
Esa
oferta de capacitación encuentra terreno fértil en la histórica falta de
recursos técnicos de la División Ambiental y Rural de la Policía de Salta, que
termina recibiendo formación financiada por corporaciones privadas y
universidades aliadas como la UCASAL. La Asociación Miguel Ragone quiere que
esto se entienda con toda su gravedad institucional: el mismo actor privado que
expande sus capitales y adquiere tierras bajo la bandera de la conservación es
quien diseña los protocolos que luego aplican los guardas y policías que
patrullan el monte (Martínez Alier, 2004). Bajo el tecnicismo de
"administrar externalidades", se termina instruyendo a la fuerza
pública para proteger de manera irrestricta activos forestales corporativos,
mientras la ciencia ambiental —que debería estar al servicio de la protección
colectiva— se convierte en una herramienta que vuelve ilegibles las prácticas
tradicionales de subsistencia (Scott, 1998).
Esta
dinámica no es exclusiva de Anta ni de Salta: la literatura sobre conservación
neoliberal ha documentado en distintos países cómo los modelos de
"cercamiento verde" convierten a la naturaleza en una mercancía
financiera a costa de los derechos de circulación y uso de las poblaciones
locales (Cortés, 2018; Igoe & Brockington, 2006). Pero en Anta tiene una
consecuencia muy concreta: cuando la policía recibe su formación técnica de una
corporación con intereses comerciales sobre las mismas tierras que debe
fiscalizar, deja de responder a un mandato democrático y pasa a funcionar como
un dispositivo privado de seguridad con uniforme estatal.
El
episodio ocurrido en la Finca San Fernando permite ver con nitidez cómo opera
esta lógica en la vida cotidiana. El instructor de pesca del emprendimiento
turístico que funciona en ese predio denunció ante la Policía de Salta a
jóvenes de comunidades vecinas que realizaban una práctica de pesca de
subsistencia en el cauce del río. Como resultado, la fuerza policial retuvo a
esos jóvenes durante siete horas. La Asociación Miguel Ragone no pone en duda
la buena fe de ningún individuo en particular; lo que señala es un patrón:
cuando se entrena a los agentes rurales bajo la premisa de que toda intervención
humana degrada el ambiente, actividades como la pesca, el pastoreo o la
recolección quedan tipificadas administrativamente como delitos forestales o
contravenciones ecológicas (Ferrero, 2014).
En
ese desplazamiento, la policía deja de velar por la seguridad colectiva de la
población de Anta para convertirse en guardiana de una frontera artificial, la
que separa el "activo verde" que se vende en los mercados
internacionales de carbono de las familias que quedan del otro lado de ese
cercamiento. Se trata, como advierte la literatura sobre ecología política, de
una "ecuación extractiva" en la que a más extractivismo —incluido el
extractivismo verde de bonos de carbono— corresponde menos democracia
territorial (Svampa, 2014, 2019; Ferrero, 2021), porque el uso de la fuerza
policial para restringir el paso a los pobladores locales termina anulando el
espacio de la política municipal y comunitaria (Azuela & Mussetta, 2009).
Es
importante que tanto los legisladores como los municipios de Anta comprendan la
diferencia entre dos modelos que a menudo se confunden bajo la misma palabra
"conservación". Existe una participación meramente burocrática, en la
que la intervención de la sociedad civil ocurre solo "en el papel" y
exige a las familias campesinas e indígenas traducir su vínculo con el monte a
categorías jurídicas ajenas —como "ancestralidad certificada" o
"títulos perfectos"— para no ser tratadas como intrusas (Ferreira,
1996; Ulloa, 2001). Y existe, en cambio, una protección con valor real para lo
local, que reconoce que el monte es dinámico, que no puede fosilizarse, y que
proteger el territorio significa garantizar la autonomía, la vivienda, la
soberanía alimentaria y los usos tradicionales de circulación de quienes lo
habitan (Guanaes, 2015; Adams, 2000).
Hay
un daño en este proceso que no aparece en ningún expediente policial ni en
ningún informe de sostenibilidad corporativa, y que la Asociación Miguel Ragone
considera central nombrar. Siguiendo el concepto acuñado por Valdez (2019)
—quien lo desarrolló a partir de los procesos de desalojo asociados a la
conservación del jaguar en el Chaco—, este avance de la conservación estricta
no solo persigue objetivos biológicos: ejecuta también un desarraigo
ontológico. Se fractura lo que podría llamarse el hueso del alma de las
comunidades: la red de relaciones, memorias, saberes y correspondencias
cotidianas con el monte, transformando espacios de vida significativos en
compartimentos abstractos, estatales o corporativos, ajenos a quienes los
habitan (Gómez, 2015).
Esta
"desjaguarización" no se resuelve con una indemnización ni con un
protocolo técnico mejor redactado. Requiere que la propia institución policial
revise el lugar que ocupa en ese proceso de desarraigo. La Asociación Miguel
Ragone viene señalando que el comportamiento cotidiano del personal policial de
calle no cambia mediante reglamentos abstractos dictados desde una oficina,
sino que se valida o se corrige en el "pequeño grupo de referencia"
de la patrulla, en el día a día del trabajo policial. Es allí, en esa
cotidianidad, donde puede introducirse el discernimiento ético frente al
mandato de obediencia ciega, y donde un agente puede empezar a concebirse a sí
mismo como un conciudadano del monte y no como guardián de una frontera
privada.
A
esto se suma una dimensión subjetiva que rara vez se discute públicamente: la
masculinidad hegemónica que históricamente asoció el honor policial con la
dominación, la virilidad y el control absoluto de los sentimientos (Elias,
1968). Reemplazar esa matriz por una que integre el cuidado, la vulnerabilidad
compartida y la empatía frente a quien no porta un arma no es un gesto
simbólico: es, para la Asociación Miguel Ragone, una condición necesaria para
que la fuerza policial deje de operar como brazo ejecutor de intereses ajenos a
la comunidad que dice proteger.
Para
comprender por qué este patrón se repite —en Anta y en tantos otros
territorios—, la Asociación Miguel Ragone considera necesario mirar la historia
larga de la función policial, no para exculpar a nadie, sino para entender qué
se está reproduciendo. La institución policial no tiene una naturaleza fija:
nació en la modernidad temprana como una técnica administrativa orientada a la
prosperidad y el bienestar de la población (Elias, 1968), pero con el avance
del liberalismo económico del siglo XVIII quedó reducida a un rol de contención
punitiva de las masas que alteraran el orden de los mercados (Foucault, 2000).
El
siglo XX profundizó esa herencia de un modo trágico. Como señala Hobsbawm
(1995), fue el siglo más mortífero de la historia por la escala industrial y
burocrática de sus violencias estatales. En América Latina, esa escala se
tradujo en la doctrina de la seguridad nacional: Robin (2006) documentó cómo la
escuela militar francesa adoctrinó a las Juntas Militares del Cono Sur en
técnicas contrainsurgentes ensayadas en Argelia e Indochina, sentando las bases
de la ingeniería represiva del Plan Cóndor. Las policías provinciales
argentinas, incluida la de Salta, fueron asimiladas de manera vertical a esa
maquinaria durante la última dictadura militar (1976-1983), lo que dejó como
herencia el corporativismo represivo, los pactos de silencio y un profundo
distanciamiento con la ciudadanía civil.
La
Asociación Miguel Ragone considera que ese pasado no es un capítulo cerrado: es
una estructura de hábitos institucionales que, si no se revisa activamente,
reaparece bajo formas nuevas. Hoy, en la posmodernidad globalizada, el Estado
debilitado frente al poder económico transnacional tiende a instrumentalizar a
la fuerza pública para asegurar cercamientos y guetos estéticos de las élites
frente a las mayorías, convirtiendo a la policía en el "chivo
expiatorio" de tensiones que el propio sistema económico produce. Bajo
esta lógica, opera también lo que puede llamarse un racismo de la apariencia o
"portación de rostro" (Foucault, 2000): la pertenencia étnica o la
condición socioeconómica de un poblador rural pasa a funcionar como un
indicador automático de sospecha, del mismo modo en que operó contra los
jóvenes detenidos en el Río Seco.
Por
eso, activar la memoria colectiva sobre la subordinación histórica de las
policías locales a los planes represivos de los años setenta no es un ejercicio
meramente conmemorativo. Es, para la Asociación Miguel Ragone, una herramienta
concreta de política de seguridad: solo tramitando activamente esa culpa
institucional los cuadros jóvenes de la fuerza pueden rehusarse a convalidar
formas contemporáneas de "limpieza social" o de exclusión verde, y
desmitificar la idea del "delincuente esencial" o del "poblador
intruso".
El
departamento de Anta, en el este salteño, condensa de manera dramática una
tensión que excede lo local. Por un lado, es un territorio históricamente
apropiado y expulsor: la expansión de la frontera agropecuaria y los
agronegocios vinculados a monocultivos extensivos como la soja generaron
tensiones por la tenencia de la tierra, deforestación y expulsión de
comunidades originarias y de pequeños productores criollos de sus hábitats
tradicionales (Klarik, 2023; Schmidt et al., 2022). Cuando el Estado responde a
esas conflictividades socioambientales únicamente con el paradigma de la
seguridad del orden, la policía termina resguardando los intereses de los
grandes capitales y profundizando el desarraigo de la población local, sea que
ese capital provenga del agronegocio o de la conservación corporativa y los
mercados de carbono.
Por
otro lado, Anta guarda en su memoria social la identidad de una tierra de
oportunidades y riqueza. Para sus antiguos pobladores, el monte y los sistemas
productivos de pequeña escala no representaban atraso, sino espacios de
autonomía, subsistencia digna y un arraigo cultural profundo (Klarik, 2023). La
Asociación Miguel Ragone quiere subrayar ante los legisladores y los municipios
que estas dos caras de Anta no son contradictorias en el sentido de que una
deba imponerse sobre la otra: el desafío real de quienes legislan y de quienes
diseñan políticas públicas es reconciliarlas, es decir, poner en armonía los
sistemas productivos regionales y nacionales con el bienestar y la permanencia
de la población local (Vega, 2015).
La
Asociación Miguel Ragone no formula estas advertencias para señalar culpables
individuales, sino para proponer un camino de transformación institucional que
involucra a distintos actores con distintas responsabilidades. A continuación,
se detallan las líneas de acción dirigidas a cada uno de los públicos de este
documento.
Para
el personal policial, en particular la División Ambiental y Rural
La
Asociación Miguel Ragone invita a cada agente a reconocer que su función no
consiste en resguardar los activos de un lodge (alojamiento turístico) o de una
fundación privada, sino en garantizar la convivencia y la seguridad de toda la
comunidad, incluidas las familias que pescan, pastorean o recolectan en el
monte. Se propone reorientar el trabajo cotidiano bajo un enfoque preventivo y
epidemiológico —de prevención primaria y secundaria—, dirigido a los verdaderos
delitos ecológicos de gran escala: los desmontes ilegales, el uso
indiscriminado de agrotóxicos y los incendios intencionales agrarios, y no la
pesca o la caza de subsistencia rural. Asimismo, se alienta a que los espacios
de formación interna incorporen una revisión pedagógica crítica de los vínculos
históricos entre las policías provinciales y el terrorismo de Estado, como
camino para fortalecer —y no debilitar— el compromiso profesional con los
derechos humanos.
Para
los legisladores y el poder legislativo provincial
La
Asociación Miguel Ragone solicita a los legisladores impulsar una norma que
prohíba de manera taxativa que corporaciones con intereses comerciales
inmobiliarios o de bonos de carbono financien, coordinen o dicten los
contenidos de formación técnica de las fuerzas de seguridad estatales. La
doctrina y la capacitación policial deben ser patrimonio exclusivo de una
conducción civil democrática, articulada con universidades públicas y
organismos de derechos humanos, y no con las mismas empresas cuyos activos la
policía luego custodia. Se propone además avanzar en mecanismos legales de
recategorización de tierras —como las Reservas Provinciales de Uso Múltiple—
que permitan zonificar de forma participativa los territorios, garantizando
áreas de uso y reproducción material para las familias rurales.
Para
los municipios de Anta
La
Asociación Miguel Ragone convoca a las autoridades municipales a instalar los
protocolos de fiscalización ambiental en los ejidos municipales y en asambleas
populares, y no en las oficinas de los lodges o fincas privadas. Los protocolos
que rigen el control ambiental del territorio deben debatirse y validarse en
audiencias públicas con la participación de vecinos y organizaciones populares,
y no diseñarse unilateralmente por consultoras corporativas. Se propone también
incorporar a los jóvenes de las comunidades vecinas, de forma remunerada, como
guardas comunitarios y mediadores interculturales del monte: ellos constituyen
el puente capaz de articular el rigor de las ciencias ambientales con el saber
artesanal-campesino y las memorias orales de sus mayores (Guanaes, 2015).
Para
la población del monte anteño
Finalmente,
la Asociación Miguel Ragone se dirige a las familias que habitan el monte para
recordarles que sus prácticas de subsistencia —la pesca, el pastoreo, la
recolección— no son un delito ni una amenaza ecológica: son parte constitutiva
de un socio-ecosistema que ellas mismas han tejido y sostenido durante
generaciones. Se las invita a organizarse, a participar de las asambleas y
audiencias públicas donde se discutan los protocolos de fiscalización
ambiental, y a acercar sus testimonios a la Asociación Miguel Ragone y a otras
organizaciones de derechos humanos frente a cualquier situación de detención,
hostigamiento o denuncia que consideren arbitraria.
La
Asociación Miguel Ragone entiende que Anta funciona hoy como un espejo de una
tensión más amplia, que atraviesa a buena parte de la Argentina rural: la de un
territorio que puede seguir siendo apropiado y expulsor de su gente, o que
puede recuperarse como lo que fue para sus antiguos pobladores, una tierra de
oportunidades y de riqueza construida sobre la autonomía y el arraigo. Esa
disyuntiva no se resuelve solo con buenas intenciones: exige que la policía
deje de ser el brazo coactivo de intereses privados y pase a ser garante de la
convivencia; que los legisladores prohíban por ley la financiación corporativa
de la doctrina policial; que los municipios abran la fiscalización ambiental a la
participación popular; y que la propia comunidad del monte se organice para
hacer valer sus derechos.
Ninguno
de estos cambios depende de un solo actor. Por eso la Asociación Miguel Ragone
convoca a policías, legisladores, funcionarios municipales y pobladores del
monte anteño a construir, juntos, una seguridad que ponga en el centro a las
personas como parte del ecosistema y no como su enemigo. Solo así la trama
biológica y cultural del monte de Anta podrá seguir creciendo, libre de
desposesiones, en un territorio verdaderamente común.
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