«Estoy muerta en vida»
Dolor, memoria y gatillo fácil frente a la Central de
Policía de Salta
Crónica
y ensayo sobre la marcha por Gregorio «Gogo» Ramos
Salta,
12 de noviembre de 2026
Fernando Pequeño Ragone
Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria
y la Justicia
Noviembre de 2026
Contenidos
IV.Adriana: «Estoy muerta en vida»
I. Lo que leí antes de caminar
El hecho
Gregorio Ramos tenía 36 años. Vivía con su madre en el barrio 6 de
Septiembre, en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Tenía una discapacidad:
retraso madurativo, hipoacusia y dificultades visuales. Cobraba una pensión y,
además, trabajaba: hacía changas de jardinería, limpieza y mandados para los
vecinos. En la madrugada del martes 3 de noviembre fue interceptado en la vía
pública por una patrulla de la Policía de Salta, integrada por cuatro
efectivos, tres varones y una mujer. Uno de ellos le disparó con una escopeta.
Según el comunicado de la familia, el disparo fue por la espalda, y Gregorio no
estaba agrediendo a nadie ni provocando disturbio alguno.
Lo que ocurrió después es, para mí, tan grave como el
disparo. Los familiares y los vecinos denunciaron que los cuatro policías se
subieron al patrullero y se fueron, sin asistirlo y sin avisar a nadie. Fueron
los vecinos quienes lo auxiliaron y quienes llamaron al SAMEC. Una ambulancia
lo trasladó al hospital San Bernardo. El relevamiento periodístico dice que
allí falleció por un shock hipovolémico; el comunicado de la familia precisa
que, por la gravedad de las heridas y las demoras en la asistencia, llegó sin
vida.
El informe preliminar de la autopsia, tal como lo
difundió la familia, habla de siete perdigones de plomo: tres en la pierna
izquierda, dos en la derecha y dos en la espalda, uno de los cuales habría
alcanzado el pulmón y el corazón, causando la muerte. Siete perdigones de
plomo. No de goma. De plomo, en el cuerpo de un hombre desarmado.
Las imputaciones
La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Espilocín, de la Unidad
de Graves Atentados contra las Personas. En las audiencias ante el juez de
garantías Pablo Zerdán se imputó a los cuatro miembros de la patrulla. Al cabo
Pablo Vaca, de 29 años, operador de la escopeta reglamentaria, se lo imputó
como autor de homicidio doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y por
su condición de policía, y se le dictó prisión preventiva. A los otros tres, un
sargento y dos agentes, se los imputó por encubrimiento agravado: cuando se
presentaron en la comisaría a dar su primer informe, no dijeron nada de la
herida de Gregorio, pese a que habían estado a corta distancia del disparo. A
ellos se les dispuso arresto domiciliario por treinta días, con monitoreo electrónico
y prohibición de contacto entre sí y con los testigos.
Anoto la diferencia porque será el nudo de todo lo que
escuché después en la calle: uno preso, tres en sus casas. Y anoto también lo
que corresponde anotar: se trata de imputaciones, no de condenas, y a los
cuatro los ampara la presunción de inocencia hasta que un tribunal diga lo
contrario. Pedir justicia, para quienes venimos de donde venimos, nunca fue
pedir que se la saltee.
Lo que informó la fiscalía
De los partes y reseñas sobre la investigación penal preparatoria retuve
cuatro cuestiones. La primera, la causa de muerte: shock hipovolémico por
pérdida masiva de sangre, con heridas de perdigones de escopeta policial en
miembros inferiores y espalda. A eso se agregan escoriaciones y traumatismos
superficiales en la frente y la mejilla, sobre los que se investiga si
responden a un sometimiento físico previo al disparo o al golpe de la caída. La
segunda, la balística: las pericias iniciales establecieron que los cartuchos
salieron del arma que operaba el cabo imputado, y se secuestraron las armas
reglamentarias, las cartucheras y los móviles de la patrulla. La tercera, la
custodia de la prueba: la Policía de Salta fue excluida de la recolección de
evidencia y el relevamiento en el barrio quedó a cargo de los peritos del
Cuerpo de Investigaciones Fiscales. La cuarta, el abandono: el cruce de
llamadas del 911 y los registros del SAMEC indicarían que los uniformados no
emitieron la alerta médica después de disparar. Quedaban pendientes, al momento
de mi lectura, el análisis de las cámaras de los accesos al barrio, las
pericias psicológicas a los cuatro imputados y la verificación del protocolo de
uso de la fuerza.
Los organismos
«Como una criatura»
Hubo una parte de la lectura que me detuvo más que las otras. Es lo que
los vecinos decían de Gogo en los medios y en las redes. No hablaban de un
adulto amenazante. Decían que «era como una criatura acá en el barrio». Todos
conocían su rutina, su casa, su familia. La comunidad lo cuidaba con una mezcla
de trato paternal y de afecto fraterno.
Desde ese conocimiento cotidiano explican los vecinos
lo que pasó. Gregorio oía poco y veía mal. Ante la irrupción de un patrullero
en plena madrugada, su reacción, dicen, no fue de confrontación sino de
desorientación y miedo: no escuchó o no entendió la voz de alto, se asustó,
quiso correr hacia su casa. En el relato barrial, la huida fue el reflejo de un
hombre asustado, y la respuesta con una escopeta muestra la falta absoluta de
preparación de la fuerza para tratar con una persona con discapacidad en la
calle.
Leí también lo que siempre aparece en estos casos: los
comentarios que, en las redes, buscaron justificar el disparo asociándolo con
la droga o el delito. Y leí la respuesta de su sobrina: «Decían que era
drogadicto y es mentira, él era una persona trabajadora. Cobraba de
discapacidad, pero él igual trabajaba». Nadie lo presentó como un santo.
Dijeron que tenía días buenos y días malos, como cualquiera. Dijeron que era
honesto y que trabajaba.
Por último, un dato que me parece decisivo. Fueron los
vecinos quienes filmaron con sus teléfonos lo que vino después del disparo: el
patrullero, los efectivos buscando perdigones con linternas. Fueron ellos
quienes sostuvieron a un hombre que se desangraba. El barrio se constituyó, en
el mismo acto, en auxilio y en testigo de cargo.
La convocatoria
Con todo eso leído me llegó el comunicado de la familia, redactado junto
a sus abogados. Reconstruía el hecho, daba cuenta de las imputaciones,
informaba que la fiscalía había ordenado medidas de prueba casi todas todavía
en curso, y anunciaba que la familia haría todo lo posible para que se
investigara la responsabilidad de todos los policías, no solo por la muerte de
Gregorio sino también por haberlo dejado abandonado. Convocaba a marchar el
jueves 12 de noviembre, a las 10, desde Buenos Aires y San Martín. Cerraba con
una consigna: «Justicia por Gogo Ramos. El Estado es responsable de los casos
de gatillo fácil».
II. Por qué fui
Fui porque me lo pidió Álvaro Camacho.
Álvaro es el abogado que, desde el Gremio de Abogados,
representa a la familia de Gregorio Ramos como querellante. Su pedido bastaba,
y quiero explicar por qué. A Álvaro lo conozco de palparlo en lo cotidiano, que
es la única manera seria de conocer a alguien. Lo he visto, una vez y otra, del
lado de las personas y de los grupos más vulnerables, sin que eso le reporte
prestigio ni clientela. Y observo en su ejercicio profesional algo que en Salta
no abunda: una distancia prudente respecto de la corporación de los abogados.
No es una distancia hostil ni declamada. Es la de quien sabe que, en una
provincia chica, los estudios, los juzgados, los colegios profesionales y los
apellidos se tocan todos entre sí, y que para defender a una familia humilde
contra una fuerza del Estado conviene no deberle nada a nadie. Cuando un hombre
así me pide que esté, voy.
Pero no fui solo por él. Fui también porque el dolor
de esa familia me identifica, y porque llevo muchos años observando cómo se
gestiona el dolor en Salta: cómo algunas familias, golpeadas por una muerte que
el Estado produjo o permitió, logran resistir y convertir un caso privado en un
grito público.
Tengo una genealogía de ese aprendizaje. Empieza, en
mi memoria, con la familia de Pelusa Liendro, la activista trans asesinada en
Salta en noviembre de 2006: allí vi por primera vez, de cerca, cómo unos
familiares y un colectivo despreciado por casi todos ponían el cuerpo en la
calle para que una muerte no fuera archivada como un asunto menor. Sigue con mi
propia lucha por el esclarecimiento del secuestro y asesinato de mi abuelo,
Miguel Ragone, exgobernador de Salta, desaparecido el 11 de marzo de 1976: décadas
de expedientes, de audiencias, de actos, de aprender que la justicia no llega
si nadie la empuja. Continúa con la muerte en custodia de Fernanda Arias y con
la pelea de sus hermanas, que me enseñaron que la obstinación también tiene
forma de mujer joven parada frente a un edificio público. Y llega hasta las
decenas de casos de gatillo fácil en los que la policía ejecuta a jóvenes
varones de los barrios de Salta, cada uno con su madre, su hermana, su bandera
pintada a mano.
Son historias distintas. Un gobernador, una activista
trans, una mujer detenida, muchachos de barrio, un jardinero con discapacidad.
No las igualo. Las separan la época, la clase, el género, la escala del crimen.
Pero las une una forma: en todas hay una muerte en la que el Estado está
comprometido, una versión oficial que busca achicarla, y un grupo de familiares
que decide no aceptar esa versión. Michael Pollak (2006) llamó situaciones
límite a aquellas experiencias que rompen el mundo habitual de una persona y la
obligan a rehacer su identidad frente a lo que antes era impensable. Lo estudió
en sobrevivientes de los campos de concentración; yo lo he visto en veredas
salteñas. La pregunta que me acompaña desde hace años es qué hace la gente con
eso: cómo se pasa del derrumbe a la palabra, y de la palabra a la plaza.
Anticipo, entonces, lo que más me resonó de la marcha,
porque ordena todo lo demás. Es lo que dijo Adriana, la madre de Gogo, cuando
un periodista le preguntó qué respuestas le había dado la justicia:
«Me dicen que
está preso, que está preso. ¿Qué voy a hacer yo con que esté preso? Ellos
tienen piedad de darles una domiciliaria a los otros. ¿Yo qué soy aquí? Estoy
muerta en vida. Estoy muerta en vida».
Volveré varias veces sobre esas frases. Contienen, dichas por una mujer
que no ha leído ninguno de los libros que voy a citar, casi todo lo que esos
libros intentan pensar.
III. En la marcha
Llegué a la esquina de Buenos Aires y San Martín un poco después de las
diez. Llevaba el grabador, como siempre. Lo que sigue reconstruye la mañana a
partir de cuatro registros de audio que hice entre las 10:13 y las 10:49, y que
luego ordené.
Dicho en conjunto, esos registros documentan una
movilización ciudadana e institucional frente a un homicidio en el que
confluyen tres cosas: violencia policial, discapacidad e impunidad. En ellos se
mezclan charlas informales, los testimonios de la madre, la hermana y la
sobrina de Gregorio, las palabras de vecinas del barrio y la entrevista técnica
que los periodistas de los medios locales le hicieron al doctor Camacho, y que
yo acompañé. Las intenciones de quienes hablan son claras. La familia y los
vecinos quieren denunciar el ensañamiento, la alteración de la escena, la
omisión de auxilio y la discriminación hacia las personas con discapacidad de
los sectores pobres; quieren, también, desmontar la versión de unos supuestos
disturbios. La querella quiere impulsar la acción penal por homicidio
doblemente calificado y encubrimiento agravado, resguardar la prueba y hacer
valer el deber de tutela reforzada que el Estado tiene frente a una persona con
discapacidad. Yo quise acompañar, preguntar y dejar registro.
Primer registro: el comienzo
La grabación empieza antes de que empiece la marcha, con una conversación
entre Raquel Adet, que me acompañaba, y yo. Hablábamos de Álvaro. Coincidíamos
en valorar su trayectoria independiente, su honestidad y su coherencia, y en
que no responde a eso que en la calle se nombra como la corporación judicial.
De ahí, como suele pasar en las esperas, derivamos a la política: comentamos el
aburguesamiento del Partido Justicialista local, una dirigencia a la que vemos
conservadora y más ocupada en los cargos y en el poder que en lo que estaba
pasando en esa esquina. Lo consigno porque es parte del registro y porque dice
algo del paisaje: quienes deberían estar, por historia y por doctrina, del lado
de un jardinero muerto por la policía, no estaban.
Después aparecieron ellas. Adriana, la madre. Daniela
de los Ángeles, la hermana. Y la sobrina de Gregorio, que a lo largo de la
mañana sería la vocera más firme.
Entre las tres reconstruyeron la escena previa. La
familia había vuelto del cementerio, de la misa por los difuntos. Gregorio
estaba sentado en la vereda de la casa de una hermana suya, fallecida años
atrás. Estaba recordándola. Estaba llorando. Daniela lo dijo sin vueltas: no
hubo disturbio alguno; su hermano estaba sentado, quieto, en la vereda de la
casa familiar. Y lo definió con las mismas palabras que yo había leído en los
diarios, pero dichas ahora desde adentro: era «la criatura de la casa», un hombre
con discapacidad que andaba siempre bajo su cuidado.
Según el relato de la familia, la policía irrumpió
disparando a quemarropa. La sobrina dio los números de la autopsia tal como
ella los tiene: siete heridas de plomo, tres en la pierna izquierda, dos en la
derecha, una en el pulmón y una en el corazón. Afirmó que hay testigos y videos
que prueban que personal policial limpió la sangre, levantó los cartuchos y
pisó la escena antes de que llegara el CIF. Denunció que el abandono fue
deliberado, que en el lugar llegó a haber ocho patrulleros y que nadie le dio
los primeros auxilios, y que en la guardia del hospital hubo maniobras de
intimidación y trabas para el ingreso. Son afirmaciones de parte, y como tales
las transcribo; será la investigación la que las confirme o las descarte. Pero
no puedo dejar de decir que coinciden con lo que el propio expediente parece
haber empezado a verificar por otras vías: los registros de llamadas, los
videos de los vecinos.
Adriana habló poco. Dijo que estaba muerta en vida y
cuestionó que la justicia evaluara beneficios para los policías. A ella le
dedico un apartado entero más adelante.
La columna arrancó hacia la Jefatura de Policía y la
Plaza 9 de Julio. El reclamo era uno: que los cuatro policías estuvieran
detenidos.
Segundo registro: la sobrina
Trece minutos después volví a grabar a la sobrina mientras caminábamos.
Aquí su relato se vuelve argumento. Para ella, la patrulla entera es
responsable. Los tres policías que acompañaban al que disparó, dijo, son tan
culpables como él: no lo frenaron, no lo detuvieron, no auxiliaron a su tío, y
se fueron en el móvil oficial. Sostuvo que al retirarse pretendieron simular
que el hecho les era ajeno, y que esa simulación se cayó porque hubo testigos
que los vieron irse.Después dijo lo que escuché tantas veces en tantas
marchas, y que no por repetido pierde verdad: que hay una justicia para los
uniformados y otra para la gente humilde. Que a los policías les dan
domiciliaria y a un vecino sin recursos le caen las penas más duras. Que si un
ciudadano común matara a un policía estaría preso, sin privilegio alguno.
Yo le hablé del trabajo del Gremio de Abogados y de lo
que significa que Álvaro haya asumido la querella. Y le dije algo que aprendí
en carne propia: que el tiempo juega para el otro lado. Que las causas se
enfrían, que la presión baja, que las calificaciones se ablandan cuando ya
nadie mira. Que por eso hay que acompañar a la familia durante todo el proceso,
no solo el día de la marcha, y sostener el pedido de que los cuatro efectivos
respondan por lo que hicieron, sin reducciones que aparezcan de improviso
cuando las cámaras se hayan ido.
Tercer registro: Daniela, la discapacidad y el
barrio
A las 10:32 conversé con Daniela de los Ángeles. Me presenté como
integrante de organizaciones de derechos humanos y le dije que estaba ahí para
acompañar. Le pregunté por su hermano.Me explicó la discapacidad de Gregorio con la
precisión de quien lo ha cuidado toda la vida: retraso madurativo, dificultad
para hablar, pérdida parcial de la audición y de la vista. Me contó que había
perdido una oreja en un accidente con un caballo. Y me contó algo que yo no
sabía y que cambia la lectura de todo: años atrás, durante una manifestación de
los carreros, la propia policía le había sacado un ojo de un disparo a
quemarropa.
Me quedé con eso. El hombre al que la Policía de Salta
mató el 3 de noviembre ya había sido mutilado por la Policía de Salta. Veía
mal, entre otras razones, porque esa misma fuerza le había quitado un ojo. Y
nadie, hasta donde la familia sabe, fue sancionado por aquello.
Daniela negó de plano que su hermano tuviera causas
penales. La policía lo conocía desde chico, dijo; lo que había eran
intervenciones por berrinches, rabietas propias de su condición. Era pacífico.
Cuidaba la casa. Jugaba con los animales, criaba los cerdos y las gallinas.
Acompañaba a su madre y a sus hermanas.
Después habló del barrio, y ahí el caso individual se
abrió a otra cosa. Dijo que la policía baja al 6 de Septiembre a los tiros. Que
entra disparando, y que dispara con plomo. Que es la manera que tienen de
amedrentar, de disciplinar. Una vecina que estaba al lado se sumó sin que yo le
preguntara: contó que la policía tira en las esquinas, frente a los almacenes,
y que a ella misma, tiempo atrás, una bala de goma le dio en el brazo en plena
calle.
Achille Mbembe (2011) propuso el término necropolítica
para nombrar las formas de poder que se ejercen decidiendo quién puede vivir y
quién queda expuesto a la muerte, y que organizan territorios enteros como
zonas donde esa exposición es la regla. No hace falta forzar la categoría. Me
basta con escuchar a una vecina contar, con naturalidad, que en su barrio los
almacenes son un lugar donde a una le pueden disparar.
Cuarto registro: Álvaro
Cerca de las once, ya en plena movilización, los periodistas rodearon a
Álvaro. Yo me sumé a la ronda y también pregunté.
Álvaro habló como abogado, y agradecí que alguien lo
hiciera. Expuso el informe preliminar de autopsia: siete orificios por
perdigones de plomo, disparados por una escopeta con cartucho de propósitos
generales; la muerte se produjo por un choque hipovolémico, con afectación del
pulmón y del corazón. Desmintió con énfasis las versiones periodísticas que
hablaron de disturbios o de agresiones a los uniformados: no hubo contexto de
violencia, no hubo ataque a los móviles, y ningún efectivo presentó lesiones. Lo
que hubo, dijo, fue una desproporción absoluta.
Repasó el estado procesal: el autor de los disparos,
con prisión preventiva e imputado por homicidio doblemente calificado; los
otros tres, imputados por encubrimiento agravado.
Yo le pregunté por la discapacidad. Quería saber cómo
estaba entrando en el expediente y qué significaba, jurídicamente, la
responsabilidad reforzada del Estado. Me respondió que la querella había
presentado el Certificado Único de Discapacidad de Gregorio, y que de ahí se
sigue una violación severa del deber de tutela y del principio de
proporcionalidad. La Argentina ha dado jerarquía constitucional a la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; un agente del Estado que
se encuentra con una persona que no oye bien, no ve bien y no comprende con
rapidez una orden no tiene menos obligaciones frente a ella, sino más.
Y cerró con la historia del ojo. Recordó que esta
misma policía le había arrebatado un ojo a Gregorio en la lucha de los
carreros, y que nadie pagó por eso. Habló de impunidad histórica. Dijo que la
violencia policial se había repetido sobre la misma víctima.
Mientras lo escuchaba pensé que esa sola frase alcanza
para definir lo que falla. La no repetición no es, en este caso, una fórmula de
los tratados. Es un cuerpo concreto al que el Estado hirió una vez, no reparó,
no investigó, y al que años más tarde volvió a encontrar en una vereda.
IV. Adriana: «Estoy muerta en vida»
Quiero volver ahora sobre la madre, despacio.
Los registros de esa mañana permiten reconstruir tres
cosas: lo que Adriana vive, cómo la resguardan sus hijas y su nieta, y qué pasa
entre ella y los periodistas que la buscan a lo largo de la concentración y de
la marcha. Las tres me importan, y las tres me obligan a pensar más allá de la
crónica.
La pregunta del cronista
La escena central ocurre en el primer registro. La columna todavía se
está armando. Los cronistas de radio y de televisión se abren paso entre la
gente con el micrófono extendido; hay uno al que todos llaman Pablito, conocido
de las coberturas de calle. Uno de ellos llega hasta la madre y pregunta, con
la fórmula del oficio: «Adriana, ¿qué respuestas te ha dado la justicia hasta
el momento?».
La respuesta no es una respuesta. Es un quebranto.
Adriana dice que le dicen que está preso, que está preso; pregunta qué va a
hacer ella con que esté preso; dice que ellos tienen piedad para darles una
domiciliaria a los otros; pregunta qué es ella ahí; y dice, dos veces, que está
muerta en vida. Después el llanto no la deja seguir.
El tono de la crónica se paraliza. No hay repregunta
posible. Lo que hay es un movimiento inmediato de las mujeres que la rodean:
las hijas y la sobrina toman la palabra, sostienen el relato, la cubren.
Daniela llega a decirlo en voz alta, hacia los micrófonos: «Por favor, que
tengan un poco de respeto a mi madre».
No lo cuento para reprochar a los periodistas. Hacían
su trabajo, y sin ese trabajo el caso de Gogo sería una línea en un parte
policial. Lo cuento porque en esa escena se ve una tensión que conozco bien: la
que existe entre la urgencia de hacer público el dolor y la necesidad de
proteger a quien duele. La familia necesita a los medios y a la vez tiene que
defenderse de ellos. Resolvieron esa tensión con una división del trabajo que
nadie les enseñó: la madre es el centro del dolor; la hermana, la voz del afecto;
la sobrina, la voz de los datos. Daniela habla de quién era Gregorio. La
sobrina habla de perdigones, de cartuchos, del CIF, del recorrido de la marcha.
Adriana, cuando puede, dice lo que solo ella puede decir.
Yo me acerqué de otro modo. Me presenté ante la
familia como integrante de organismos de derechos humanos. No iba a buscar una
declaración; iba a preguntar cómo estaba entrando la discapacidad en la causa y
a decirles quién era el abogado que tenían y por qué podían confiar en él. Mi
lugar esa mañana fue ambiguo, y no lo disimulo: preguntaba con un grabador en
la mano como un periodista, y acompañaba como alguien que estuvo del otro lado
del micrófono.
Lo que Adriana contó
Cuando pudo hablar, Adriana reconstruyó el día. «Fuimos al cementerio,
regresamos después de la misa, después de las 6 a 7 ya regresamos, y él estaba
sentado ahí en la vereda de nosotros, en la vereda de mi hija... Estaba
llorando en la puerta de la casa de mi hija». La hija es la hermana mayor de
Gregorio, fallecida años atrás. Era el tiempo de los difuntos, que en Salta se
vive con una seriedad que el resto del país a veces no entiende. Un hombre con
la madurez de un chico lloraba a su hermana muerta en la puerta de la casa de
ella. Esa es, según su madre, la escena en la que irrumpe la patrulla.
Contó también lo que pasó cuando salió de su casa para
ir al hospital detrás de la ambulancia. Dice que unos policías de civil la
abordaron y la increparon: «Ah, venga, venga, ¿qué sabe usted? ¿Qué sabe
usted?». Y que ella, en medio del shock, les contestó: «¿Qué van a saber los
chicos?». Es una denuncia de intimidación en el momento más indefenso que puede
tener una madre, y deberá investigarse como tal.
Lo demás es más difícil de transcribir, porque no está
en las palabras sino entre ellas. Es el dolor de haber visto que a su hijo, al
que cuidó como a un niño durante treinta y seis años, lo trataron como si no
valiera nada. Y es la desconfianza hacia una policía y una justicia que, en las
primeras horas, no tuvieron para la familia ni un gesto de contención.
El dolor como situación límite
Vuelvo a Pollak. En sus trabajos sobre la memoria de los sobrevivientes,
Pollak (2006) mostró que frente a una situación límite el silencio y la palabra
no se oponen como el olvido y el recuerdo. Se calla porque no hay quien
escuche, porque lo vivido no cabe en los marcos con los que una sociedad está
dispuesta a oír. Y se habla cuando aparece una escucha posible. Maurice
Halbwachs (2004) había dicho antes que nadie recuerda solo: la memoria necesita
marcos sociales que la sostengan. Lo que vi en la esquina de Buenos Aires y San
Martín fue la construcción, en tiempo real, de un marco de escucha. Unas hijas
que cubren, unos vecinos que rodean, un abogado que traduce, unos periodistas
que amplifican, unas banderas que nombran. Sin eso, la frase de Adriana habría
sido dicha en una cocina y se habría perdido.
Veena Das (2008), que ha pensado como pocos la
relación entre violencia y lenguaje, sostiene que el dolor no es algo inefable
que aísla a quien lo sufre, sino un pedido de reconocimiento dirigido a otro.
Cuando alguien dice su dolor, dice Das, no describe un estado interior: le
reclama al otro que lo aloje. Leída así, la pregunta de Adriana, «¿yo qué soy
aquí?», no es retórica. Es un reclamo dirigido al Estado y a todos nosotros.
Pregunta qué lugar tiene ella en un orden que supo encontrar piedad para tres policías
y no encontró ninguna para una madre.
Judith Butler (2006, 2010) ha dado nombre a eso que
Adriana percibe sin teoría. Hay vidas, dice Butler, cuya pérdida una sociedad
está preparada para llorar, y otras cuya pérdida no cuenta como pérdida, porque
nunca contaron del todo como vidas. La distribución desigual del duelo público
es una forma de la desigualdad política. El jardinero pobre, sordo, tuerto por
obra de un disparo anterior, del sudeste de la ciudad, pertenecía a la clase de
vidas que el orden no se dispone a llorar. Los comentarios que lo trataron de
drogadicto, las versiones sobre disturbios, son las operaciones por las que una
muerte se vuelve no llorable. Y la marcha es la operación contraria: obligar a
la ciudad a llorar a quien no pensaba llorar.
«Muerta en vida»
La expresión es antigua y popular; la he oído en otras madres. Pero quiero tomarla en serio. Adriana no dice que está triste, ni destruida. Dice que está muerta, y que eso ocurre en vida. Nombra una condición intermedia.
No puedo dejar de escuchar ahí un eco. Los familiares
de desaparecidos de la dictadura han hablado durante décadas de un duelo que no
puede cerrarse porque falta el cuerpo; Ludmila da Silva Catela (2001) lo
estudió con rigor y con delicadeza entre los familiares de La Plata, mostrando
cómo la ausencia de tumba suspende los rituales con los que una comunidad
tramita la muerte. El caso de Adriana es distinto: ella tiene el cuerpo de su
hijo, tiene una tumba, tiene una autopsia. Y sin embargo dice estar del lado de
los muertos. Lo que su frase revela es que hay otra manera de impedir un duelo.
No es la falta del cuerpo. Es la falta de sentido. Una muerte producida por
quienes debían cuidar, seguida del abandono, de la limpieza de la escena, de la
versión falsa, de la domiciliaria, es una muerte que no se puede terminar de
enterrar, porque cada uno de esos actos la vuelve a producir.
Por eso la primera parte de su frase es tan importante
como la última. «¿Qué voy a hacer yo con que esté preso?». Hay que escucharla
bien. Adriana no dice que no quiere que el policía esté preso. Dice que la
cárcel no le devuelve nada. Sin haberlo buscado, señala el límite de toda
justicia que solo sabe castigar. El castigo es necesario, y la familia lo exige
para los cuatro; pero el castigo no repara. Lo único que podría darle algún
sentido a esa muerte es que no vuelva a ocurrir. Sobre eso volveré al final.
Convertir el dolor
¿Cómo se pasa de estar muerta en vida a encabezar una marcha? Porque eso
es lo que Adriana hizo: muerta en vida, caminó desde una esquina del centro
hasta la Central de Policía y la Plaza 9 de Julio.
Elizabeth Jelin (2002) llamó trabajos de la memoria a
ese esfuerzo por el cual las personas dejan de ser arrastradas por el pasado y
empiezan a hacer algo con él. Lo llamó trabajo con toda intención: es una
actividad que transforma a quien la hace y transforma el mundo. Y llamó
emprendedores de memoria a quienes ponen su energía en convertir una
experiencia privada en un asunto público, buscando reconocimiento y legitimidad
para su versión de lo ocurrido. La familia Ramos es, desde el 3 de noviembre,
una familia de emprendedoras de memoria. No lo eligieron. Lo son.
Tzvetan Todorov (2000) ofrece una distinción que uso
con frecuencia. Hay, dice, una memoria literal, que conserva el acontecimiento
como algo único e intransferible, y que encierra a quien recuerda en su propia
herida. Y hay una memoria ejemplar, que sin negar la singularidad de lo vivido
lo abre a la comparación, lo convierte en un principio de acción para el
presente y permite reconocer el propio dolor en el de otros. El paso de una a
otra es, para Todorov, el paso de lo privado a lo público. En la marcha lo vi
condensado en un objeto: la bandera que la familia de Gogo llevaba adelante no
decía Gregorio Ramos. Decía «Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo
Fácil de la Provincia de Salta». El caso de Adriana ya estaba inscripto en una
serie. Otras madres, antes que ella, habían cosido esa tela.
María Victoria Pita (2010), que estudió durante años
el activismo de los familiares de víctimas de la violencia policial en el área
metropolitana de Buenos Aires, mostró algo que sirve para entender esto. La
categoría de familiar no es un dato del parentesco; es una posición política
que se construye en la protesta. Ser familiar, en ese mundo, es haber
convertido el lazo de sangre en autoridad para denunciar. Y mostró también que
la protesta de los familiares no busca solo una condena: busca restituir la humanidad
del muerto, discutir las formas en que el poder policial lo clasificó como
alguien matable. Cuando la sobrina de Gogo responde en las redes que su tío no
era drogadicto sino trabajador, cuando Daniela dice que era su sonajero, su
niño, su todo, hacen exactamente eso. Le devuelven un rostro.
La maternidad como lugar político
Queda una cuestión que no quiero esquivar, porque es incómoda. Adriana
habla como madre. Su autoridad en esa esquina, la razón por la que el cronista
la busca a ella y no a otro, es que es la madre. En la Argentina eso tiene una
historia enorme.
Las Madres de Plaza de Mayo inventaron, en la peor de
las circunstancias, una forma de hacer política desde la maternidad. Salieron
del lugar que la dictadura les asignaba, el de guardianas del hogar, y lo
volvieron contra la dictadura: como madres, exigían saber. Judith Filc (1997)
analizó cómo ese gesto desarmó desde adentro el discurso familiarista del
régimen. Con el tiempo, las Madres fueron más lejos y hablaron de una
maternidad socializada, en la que cada una era madre de todos los
desaparecidos. Desde entonces, en este país, una madre que reclama por un hijo
muerto por el Estado no habla sola: habla dentro de una tradición que le presta
legitimidad, gestos, un pañuelo.
Jelin (2007) ha señalado el reverso de esa conquista.
Si la legitimidad para hablar de las violaciones a los derechos humanos se
funda en el lazo de sangre con la víctima, quienes no tienen ese lazo quedan en
segundo plano, y lo que debería ser un reclamo de ciudadanía se vuelve un
reclamo de familia. Ella lo llama familismo, y advierte sobre el riesgo de que
el sufrimiento personal funcione como única credencial para la palabra pública.
Tomo la advertencia en serio, también para mí, que
tantas veces hablé como nieto. Pero lo que vi el 12 de noviembre me hace
matizarla. La politización de la maternidad de Adriana no la fabricó ella, ni
la tradición de las Madres. La fabricó la policía. Fue una patrulla la que
convirtió a una mujer que volvía del cementerio en un sujeto político. Lo que
Adriana hace con eso es lo notable. No pide para sí. Pregunta qué es ella ahí,
y en esa pregunta pone en cuestión una justicia entera. Su maternidad no se retira
a lo doméstico; mide, con la vara de su pérdida, la piedad desigual de las
instituciones. Y no camina sola como madre: camina detrás de una bandera de
familiares, junto a vecinas que cuentan sus propios balazos, con un abogado que
traduce su dolor a figuras penales y con organizaciones que le ponen bombos. El
lazo de sangre es el punto de partida. La llegada es otra cosa: un reclamo que
cualquiera puede hacer suyo sin haber parido a Gogo.
Esa es la conversión que me interesa. El dolor de
Adriana no deja de ser dolor. No se sublima ni se cura. Pero una parte de su
energía, la que no la deja quedarse en la cama, se vuelve útil para otros: para
las madres de los changos jóvenes del sudeste de Salta que todavía están vivos.
V. Frente a la Central
La columna dobló y se detuvo en la calle General Güemes, frente a la
Jefatura de Policía. Filmé esa parada; el registro circula con el rótulo
«Marcha por Gregorio Ramos, Salta, 2026-11-12» y el logotipo de la Asociación
Dr. Miguel Ragone. Lo he mirado varias veces desde entonces. Describo lo que se
ve.
La escena
Es pleno día y el cielo está despejado. Al fondo de la calle, cerrando la perspectiva por encima de un caserío bajo, se recorta la silueta de los cerros. El edificio de la Central es de estilo neocolonial: fachada blanca, una recova de arcos de medio punto, rejas negras en los accesos. Es un edificio hermoso, de esos que las guías de turismo incluyen en el circuito del centro histórico. Detrás de las rejas y sobre las escalinatas hay policías apostados. Miran. No dicen nada. Sobre el asfalto, un caballete metálico azul lleva pintada en blanco la leyenda de la Subjefatura.
Los manifestantes ocupan todo el ancho de la calzada y
cortan el tránsito. Se han dispuesto de frente al edificio. La primera línea es
la bandera de arrastre, sostenida por los familiares y los vecinos: tela
blanca, letras negras y rojas, una pistola tachada dentro del círculo rojo de
la prohibición. Dice: «Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de
la Provincia de Salta. El gatillo fácil es genocidio en democracia. El Estado
es responsable».
Detrás se levantan carteles rígidos, blancos con
recuadro rojo: «Justicia por Go Go. Basta de gatillo fácil», con la firma del
Polo Obrero y el Partido Obrero. Hay banderas naranjas del Partido Obrero,
banderas argentinas, un estandarte azul de la corriente clasista. Hay bombos y
redoblantes en el medio del grupo. Una mujer lleva al cuello un pañuelo
amarillo. Uno de los chicos que toca el redoblante carga una mochila con los
colores de la wiphala. En la primera fila, una mujer alza hacia el edificio un
cartel de cartón hecho a mano. Del otro lado de la calle, los autos
estacionados marcan el borde del corredor que la protesta abrió.
Es una escena chica. No era una multitud. Eran los
vecinos de un barrio del sudeste, parados frente al edificio más antiguo del
poder policial de la provincia, diciéndole algo.
El cartel
Mi filmación no empieza por la bandera. Empieza por la esquina. Ahí,
sobre la vereda, hay un cartel institucional negro y blanco. Tiene tres
columnas verticales con tres palabras: Memoria, Verdad, Justicia. Y un texto:
«Jefatura de Policía de la Provincia de Salta. Aquí se cometieron crímenes de
lesa humanidad durante el terrorismo de Estado».
Empecé por ahí a propósito. Ese cartel es una
señalización de Sitio de Memoria, de las que el Estado argentino coloca en los
lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención o donde
ocurrieron hechos emblemáticos de la represión ilegal; una ley nacional, la
26.691, sancionada en 2011, ordena preservarlos y señalizarlos. El edificio
frente al cual los vecinos de Gogo gritaban justicia es, oficialmente, un lugar
donde el Estado torturó y desapareció.
Yo conozco ese edificio por razones que no elegí.
Cuando la justicia federal juzgó, en 2011, el secuestro de mi abuelo, entre los
condenados hubo hombres que habían mandado en esta policía. La causa Ragone
pasa, en más de un sentido, por esa recova. Así que el 12 de noviembre estuve
parado, con una familia a la que la Policía de Salta le mató un hijo en 2026,
frente al lugar desde donde la Policía de Salta participó de la desaparición de
mi abuelo en 1976. No lo dije en voz alta. No era el día. Pero lo filmé.
Lo que el cartel conecta
Elizabeth Jelin y Victoria Langland (2003) reunieron hace años una serie
de estudios sobre las marcas territoriales de la memoria: placas, monumentos,
señalizaciones. Su punto de partida es que una marca no significa por sí misma.
Un lugar se vuelve lugar de memoria cuando hay actores que lo invisten de
sentido, que disputan por él, que lo usan. Pierre Nora (2008), que acuñó la
noción de lugares de memoria, lo dijo a su modo: esos lugares existen porque la
memoria viva ya no se sostiene sola, y viven solo mientras alguien los
reactiva. Una placa que nadie lee es un mueble urbano.
El cartel de la esquina de la Central es, la mayor
parte del tiempo, un mueble urbano. Pasa desapercibido. Lo pasan de largo los
turistas que fotografían la recova, los que van a hacer un trámite, los propios
policías que entran y salen. Me pregunto cuántos de los agentes que esa mañana
miraban desde las escalinatas lo leyeron alguna vez. Me pregunto si en la
formación de un cabo de 29 años alguien se detuvo frente a ese cartel y le
explicó qué significa trabajar en una institución que carga con esa inscripción
en su puerta.
Y debo ser honesto: tampoco los manifestantes le
prestaron atención. La marcha no se detuvo ante el cartel. No hubo quien lo
señalara por el megáfono. Lo vi yo, porque tengo el ojo entrenado por mi
historia.
Quiero valorar el cartel y, a la vez, problematizarlo.
Lo valoro porque es una conquista. Costó décadas que
el Estado escribiera en la puerta de su propia policía que ahí se cometieron
crímenes de lesa humanidad. Es el Estado diciendo la verdad sobre sí mismo, en
el espacio público, de manera permanente. Detrás de ese cartel hay juicios,
testimonios, sobrevivientes, el trabajo de los organismos.
Lo problematizo porque habla en pasado. «Aquí se
cometieron». El tiempo verbal encierra el crimen en una época y lo separa de la
institución que sigue funcionando adentro. El cartel dice lo que la policía
hizo y no dice nada de lo que la policía hace. Esa es, a mi juicio, la marca
del modo en que construimos nuestra memoria del terrorismo de Estado: como la
memoria de un período cerrado, con fecha de inicio y de final, del que la
democracia nos habría separado limpiamente. Emilio Crenzel (2008), al reconstruir
la historia política del informe de la CONADEP, mostró cuánto pesó en esa
construcción la idea de una frontera nítida entre dictadura y democracia. Esa
frontera fue necesaria para juzgar. Pero tiene un costo: deja fuera del campo
de visión todo lo que cruzó de un lado al otro sin cambiar.
La policía cruzó. Los edificios cruzaron. Cruzaron
ciertas rutinas: la versión falsa en el primer parte, la escena alterada antes
de que llegue el perito, el testigo intimidado, el cuerpo abandonado. Sofía
Tiscornia (2008), al estudiar el caso de Walter Bulacio, describió con
precisión cómo las prácticas policiales violentas no son desvíos sino rutinas
burocráticas asentadas, sostenidas por normas menores, costumbres y tolerancias
judiciales que la transición democrática no tocó. Pilar Calveiro (1998) había
mostrado, a propósito de los campos de concentración, que el poder
desaparecedor no fue un cuerpo extraño injertado en la sociedad argentina, sino
la exasperación de elementos que ya estaban en ella y que siguieron estando.
Entonces el cartel, que pasa desapercibido, se vuelve
de pronto el conector que yo buscaba. Une el pedido de justicia por los
desaparecidos de la dictadura setentista con el pedido de justicia por los
ejecutados del gatillo fácil en democracia. Los une en el lugar más literal
posible: una misma vereda, una misma fachada, una misma institución. La bandera
de los familiares dice que el gatillo fácil es genocidio en democracia. Es una
consigna, no una calificación jurídica, y habría mucho que discutir sobre el
uso de la palabra; Daniel Feierstein (2007) ha defendido pensar el genocidio
como una práctica social que reorganiza los vínculos de una sociedad mediante
el terror, y no solo como una figura del derecho penal internacional. Pero más
allá de esa discusión, la consigna y el cartel dicen lo mismo desde dos
tiempos. El cartel afirma: aquí el Estado mató. La bandera responde: sigue
matando. El cartel pone la palabra justicia en una columna. La gente la grita.
Hay un dato de mi propia historia que hace más aguda
esa conexión. A mi abuelo lo secuestraron el 11 de marzo de 1976. Trece días
antes del golpe. Todavía había, formalmente, un gobierno constitucional. La
frontera entre democracia y dictadura, que el cartel da por nítida, no lo fue
ni siquiera entonces. La maquinaria de muerte ya funcionaba, con uniformes de
esta policía, antes de que los militares tomaran la Casa Rosada. Y siguió
encontrando, después de que la dejaron, cuerpos sobre los cuales ejercerse.
Los rituales heredados
Hay otra conexión, que no está en el cartel sino en los cuerpos de los
manifestantes.
Eso es, me parece, lo más valioso que el movimiento de
derechos humanos le legó a la sociedad argentina. No solo los juicios. Un
lenguaje. Una gramática de la protesta frente a la muerte estatal que una
familia de un barrio pobre de Salta puede tomar y usar el mismo día en que la
necesita, sin pedirle permiso a nadie. Pita (2010) lo documentó para los
familiares del gatillo fácil del conurbano: su activismo se inscribe en la
tradición de los organismos históricos y a la vez la tensiona, porque sus muertos
no son militantes sino pibes de barrio, y porque su reclamo no se dirige a una
dictadura sino a gobiernos elegidos.
Esa imbricación tiene también su problema, y lo digo
como parte del campo. Los organismos históricos no siempre hemos estado a la
altura de la herencia que dejamos. Hemos sido más rápidos para conmemorar a los
muertos de ayer que para acompañar a los de hoy. Hay quienes todavía discuten
si un caso de gatillo fácil es un asunto de derechos humanos o de seguridad.
Los vecinos de Gogo tomaron nuestros rituales. La pregunta es si nosotros
estamos dispuestos a tomar sus muertos como propios.
La misma responsabilidad civil
Queda la conexión más incómoda, que no es con la policía sino con
nosotros.
Desde hace años insistimos en llamar cívico-militar a
la dictadura. No es un capricho de vocabulario. Quiere decir que el terrorismo
de Estado no fue obra exclusiva de las Fuerzas Armadas y de seguridad: necesitó
empresarios que señalaron delegados, jueces que rechazaron hábeas corpus,
médicos que firmaron certificados, obispos que bendijeron, diarios que
publicaron como enfrentamientos lo que eran fusilamientos, y una porción grande
de la sociedad que prefirió pensar que por algo sería. El volumen que compilaron
Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky (2013) sobre los cómplices
económicos de la dictadura reunió buena parte de esa evidencia. En Salta lo
sabemos de primera mano. A mi abuelo no lo desapareció solamente una patota. Lo
desapareció un entramado de intereses al que su gobierno había incomodado, y
que encontró en los uniformados a sus ejecutores.
Sostengo que el gatillo fácil tiene la misma
estructura. El que dispara es un cabo. Pero el régimen de muerte que pesa sobre
los barrios populares no lo impone el cabo. Lo impone una responsabilidad civil
que se reparte entre muchos.
Está en el vecino de otros barrios que pide más
policía y menos preguntas. Está en el comentarista que, a las pocas horas,
escribe que el muerto era drogadicto. Está en el medio que titula con la
palabra disturbios porque la tomó del parte policial sin verificarla. Está en
el funcionario que mide su gestión por la cantidad de procedimientos. Está en
el legislador que vota presupuestos para escopetas y recorta los de los
organismos de control. Está en el juez que encuentra motivos para la
domiciliaria de un uniformado y no los encuentra para la de un pibe que robó un
celular. Está en las dirigencias que, por conveniencia o por comodidad, no
aparecen en estas esquinas. Y está en cada uno de los que pasamos frente al
cartel de la Central sin leerlo.
«Por algo será» y «algo habrá hecho» son la misma
frase. Con ella una sociedad autoriza a que otros maten en su nombre a quienes
considera sobrantes. En los setenta, los sobrantes eran los militantes, los
delegados, los que como mi abuelo creían que la salud y la tierra eran
derechos. Hoy son los changos de gorra, los carreros, los que tienen berrinches
en la vereda, los que no escuchan la voz de alto porque son sordos. Cambió el
blanco. La autorización es la misma.
Por eso la consigna con la que cerraba el comunicado
de la familia, «el Estado es responsable», es verdadera y es insuficiente. El
Estado es responsable. Y el Estado, en democracia, somos también los que lo
votamos, lo financiamos y lo dejamos hacer.
VI. Las proclamas y las voces
Frente a la Central, la marcha habló con dos frases.
La primera fue una sola palabra, repetida a coro, al
ritmo de los bombos: «¡Justicia!». La segunda fue la fórmula que este país
conoce de memoria: «¡Gregorio presente, hoy, mañana y siempre!».
Lo que hace el coro
He pensado en la relación entre esas dos frases colectivas y todo lo que
las tres mujeres de la familia me habían dicho una hora antes.
Las voces individuales son complejas. Adriana pregunta
qué va a hacer con un preso y qué es ella. Daniela cuenta la oreja perdida, el
ojo perdido, los cerdos y las gallinas, el sonajero. La sobrina enumera
perdigones, cartuchos levantados, tierra echada sobre la sangre, patrulleros.
Álvaro habla de calificaciones legales, de choque hipovolémico, de tutela
reforzada. Cada una de esas voces dice cosas que las otras no dicen.
El coro simplifica. Reduce todo eso a una palabra y a
un nombre. Podría pensarse que en esa reducción algo se pierde, y es cierto.
Pero lo que se gana es de otro orden. El coro no informa: respalda. Cada grito
de justicia funciona como una firma colectiva puesta al pie de lo que la
familia denuncia. Les dice a los policías que miran desde la recova que lo que
afirma la sobrina no lo afirma sola. Y les dice a las tres mujeres que no están
solas.
Hay algo más. La repetición rítmica, sostenida por los
redoblantes, es una forma de ocupar el espacio con el sonido. La policía tiene
el edificio, las rejas, las armas, el parte oficial. Los vecinos tienen la voz.
La insistencia del coro frente a una fachada que no responde, y nadie
respondió, ningún funcionario salió, ningún compromiso quedó dicho, es la
manera que tiene una comunidad de decir que no acepta la versión que ese
edificio emitió.
El coro también protege. Rodea a la familia como las
hijas rodearon a Adriana ante los micrófonos. Es la escala ampliada del mismo
gesto: un círculo de cuerpos y de voces alrededor de quien no puede hablar por
el llanto. El dolor privado de la madre queda adentro, resguardado, y hacia
afuera sale convertido en otra cosa: en un hecho político.
«Hoy, mañana y siempre»
El grito de «presente» viene de lejos. Lo usamos en cada 24 de marzo para
nombrar a los treinta mil. Lo he gritado por mi abuelo. Oírlo dicho por
Gregorio Ramos, jardinero del barrio 6 de Septiembre, frente a la Central de
Policía, me conmovió de un modo que no esperaba.
Decir que alguien está presente cuando acaba de ser
enterrado es una afirmación contra la evidencia. No niega la muerte. Niega el
olvido. Compromete a quienes lo gritan con un tiempo largo: hoy, mañana y
siempre. Los vecinos de Gogo se obligaron, con esa fórmula, a algo que yo sé
por experiencia que es muy difícil de cumplir. Hoy es fácil. Mañana cuesta.
Siempre es una palabra que solo se sostiene con organización.
Por eso le dije a la sobrina lo que le dije sobre el
tiempo. Las causas contra policías no se pierden en el debate oral. Se pierden
antes, en los años de instrucción, cuando la marcha ya no convoca, el
periodista ya no llama, la calificación se revisa en una audiencia a la que no
va nadie y los treinta días de domiciliaria se han convertido en libertad. La
articulación entre la calle y el expediente no es un adorno militante. Es la
condición para que el expediente avance. Lo aprendí en los treinta y cinco años
que tardó en llegar una sentencia por mi abuelo.
Por qué importa haber estado
No quiero exagerar mi papel. Fui uno más entre los que caminaron. Pero
creo que tiene sentido decir por qué importa que quienes venimos de las luchas
por los crímenes de la dictadura estemos en una marcha por un caso de gatillo
fácil.
Importa, primero, por lo que le dice a la familia.
Cuando me presenté ante Daniela como integrante de organismos de derechos
humanos, le estaba diciendo que su hermano es un asunto de derechos humanos.
Que no es un hecho policial. Que la muerte de Gogo pertenece a la misma
historia que la de los desaparecidos cuyos nombres están en los juicios. Para
una familia a la que en las redes le dicen que su muerto era un drogadicto, eso
no es poco.
Importa, segundo, por lo que le dice a la institución
policial. El logotipo de la Asociación Dr. Miguel Ragone sobre la filmación de
una protesta frente a la Central no es una firma de autor. Es una declaración:
los que reclamamos por lo que esta fuerza hizo en 1976 estamos mirando lo que
hace en 2026.
E importa, tercero, por lo que nos dice a nosotros
mismos. Vengo sosteniendo desde hace tiempo que el paradigma de la justicia
transicional, tal como lo practicamos en la Argentina, muestra signos de
agotamiento. No porque haya fracasado. Los juicios son un logro que el mundo
nos reconoce, y sin ellos yo no sabría quiénes se llevaron a mi abuelo. Sino
porque ordenamos sus ejes en una secuencia que dejó para el final lo que debía
ir primero. Verdad, justicia, reparación y, en cuarto lugar, casi como un deseo,
garantías de no repetición. Pablo de Greiff (2015), cuando fue relator especial
de las Naciones Unidas, dedicó un informe entero a mostrar que las garantías de
no repetición son el pilar menos desarrollado del conjunto, y que sin reformas
de las instituciones de seguridad, de la justicia y de la cultura cívica, los
otros tres quedan mirando hacia atrás.
El caso de Gregorio Ramos me confirma en la necesidad
de invertir ese orden. Si tomo la frase de Adriana como guía, la inversión se
impone sola. «¿Qué voy a hacer yo con que esté preso?». La justicia penal, aun
si llega completa y para los cuatro, llegará tarde para ella. La verdad ya la
sabe: la vio en la vereda. La reparación no existe para una madre. Lo único que
todavía está abierto, lo único sobre lo que todavía podemos actuar, es que no
haya otra Adriana.
Nunca más quiso decir eso. No quiso decir solamente
nunca más una dictadura. Quiso decir nunca más un Estado que mata, abandona,
limpia la escena e intimida a la madre. Si el Nunca Más se cumple para los
golpes de Estado y no se cumple para los perdigones de plomo en los barrios del
sudeste, entonces lo hemos entendido a medias.
Poner la no repetición en primer lugar tiene
consecuencias prácticas, y las enumero para no quedarme en la consigna.
Significa preguntarse por qué una patrulla lleva cartuchos de plomo a un
procedimiento nocturno en un barrio. Significa que nadie egrese de una escuela
de policía sin saber cómo se aborda a una persona con discapacidad. Significa
que el primer disparo contra Gogo, el que le sacó el ojo en la protesta de los
carreros, debió ser investigado y sancionado, y que si lo hubiera sido quizás
no habría existido el segundo. Significa que los organismos de control, como el
Comité para la Prevención de la Tortura, tengan presupuesto y capacidad de
actuación de control. Significa que la recolección de prueba en casos
policiales esté siempre, por regla y no por excepción, fuera de las manos de la
fuerza investigada. Y significa que el cartel de la esquina de la Central deje
de hablar en pasado, o al menos que alguien les enseñe a leerlo a quienes
trabajan adentro.
Que se multipliquen
Termino donde empecé, con Álvaro.
En toda esta historia hay un hombre cuyo trabajo
consiste en traducir. Toma el quebranto de una madre y lo convierte en un
escrito. Toma la indignación de un barrio y la convierte en un ofrecimiento de
prueba testimonial. Toma un certificado de discapacidad que estaba en un cajón
y lo convierte en un argumento sobre el deber de tutela del Estado. Toma la
historia de un ojo perdido y la convierte en la demostración de un patrón. Sin
esa traducción, el dolor de Adriana no entra al expediente, y lo que no entra
al expediente, para la justicia, no existe.
Eso es lo que hace un abogado cuando decide estar de
este lado. No es frecuente. La formación, el mercado profesional y la
sociabilidad de los tribunales empujan para otro lado. Hace falta una vocación
particular, y hace falta esa distancia de la corporación de la que hablé al
principio, para pasarse una mañana de jueves caminando con una familia del 6 de
Septiembre en lugar de tomar café en los pasillos de la Ciudad Judicial.
Ojalá los abogados como Álvaro Camacho se
multipliquen. Lo digo como deseo y lo digo como programa. Si la no repetición
ha de ser el primer objetivo, necesitamos menos conmemoraciones y más
querellas. Necesitamos que en las facultades de derecho de Salta alguien les
cuente a los estudiantes que esta también es una manera de ejercer. Necesitamos
gremios de abogados que hagan lo que el suyo hace. Las familias ponen el dolor,
el barrio pone los testigos y los videos, las organizaciones ponen la calle.
Falta, casi siempre, quien sepa llevar todo eso hasta el escritorio de un
fiscal y sostenerlo ahí durante años.
Adriana dijo que está muerta en vida. No tengo nada
que ofrecerle contra eso. No hay teoría que consuele a una madre. Lo que sí
puedo hacer es lo que hice: caminar a su lado, grabar lo que dijo, escribirlo
para que no se pierda y repetir, en todos los lugares donde me dejen hablar, la
pregunta que ella nos dejó. ¿Qué es ella aquí? De la respuesta que demos, como
sociedad, a esa pregunta; depende que el nombre de Gregorio Ramos sea el último
de una lista o uno más.
Gregorio presente. Hoy, mañana y siempre.
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