sábado, 14 de noviembre de 2026

«Estoy muerta en vida»: Crónica y ensayo sobre la marcha por Gregorio «Gogo» Ramos

El 3 de noviembre de 2026, en el barrio 6 de Septiembre de la ciudad de Salta, un policía mató de un escopetazo a Gregorio «Gogo» Ramos, jardinero de 36 años con discapacidad. La patrulla se retiró sin asistirlo. Nueve días después, su familia marchó hasta la Central de Policía. Fernando Pequeño Ragone caminó con ellos, a pedido del abogado querellante Álvaro Camacho, y grabó lo que escuchó.
Este ensayo reconstruye el caso a partir de los medios y de los testimonios recogidos en la calle, y se detiene en la voz de Adriana, la madre: «¿Yo qué soy aquí? Estoy muerta en vida». Desde esa frase, el autor indaga cómo una familia convierte su dolor privado en un reclamo público y cómo la maternidad se vuelve lugar político.
Frente al edificio policial, un cartel de Sitio de Memoria que casi nadie mira recuerda que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad. El texto lo toma como puente entre los desaparecidos de la dictadura y los muertos del gatillo fácil en democracia, y señala la responsabilidad civil que sostiene a ambos. Propone, por último, invertir el orden de la justicia transicional: poner primero la garantía de no repetición.


«Estoy muerta en vida»

Dolor, memoria y gatillo fácil frente a la Central de Policía de Salta

Crónica y ensayo sobre la marcha por Gregorio «Gogo» Ramos

Salta, 12 de noviembre de 2026

Fernando Pequeño Ragone

Asociación Dr. Miguel Ragone por la Verdad, la Memoria y la Justicia

Noviembre de 2026


 

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Síntesis auditiva del texto

Contenidos

I.Lo que leí antes de caminar

Elhecho

Lasimputaciones

Loque informó la fiscalía

Losorganismos

«Comouna criatura»

Laconvocatoria

II.Por qué fui

III.En la marcha

Primerregistro: el comienzo

Segundoregistro: la sobrina

Tercerregistro: Daniela, la discapacidad y el barrio

Cuartoregistro: Álvaro

IV.Adriana: «Estoy muerta en vida»

Lapregunta del cronista

Loque Adriana contó

Eldolor como situación límite

«Muertaen vida»

Convertirel dolor

Lamaternidad como lugar político

V.Frente a la Central

Laescena

Elcartel

Loque el cartel conecta

Losrituales heredados

Lamisma responsabilidad civil

VI.Las proclamas y las voces

Loque hace el coro

«Hoy,mañana y siempre»

Porqué importa haber estado

Quese multipliquen

Referencias

 

I. Lo que leí antes de caminar

Antes de ir a una marcha, leo. Es una costumbre que me quedó de los años en que aprendí que el dolor ajeno merece, por lo menos, que uno llegue informado. Por eso, en los días previos al jueves 12 de noviembre de 2026, fui juntando lo que los medios locales, las redes de los vecinos, los partes del Ministerio Público Fiscal y el comunicado de la familia decían sobre la muerte de Gregorio Ramos, a quien en el barrio 6 de Septiembre todos llamaban «Gogo». Lo que sigue es ese relevamiento, ordenado tal como lo fui armando, con sus certezas y también con sus zonas todavía abiertas, porque la investigación penal estaba, y sigue estando, en su etapa inicial.

El hecho

Gregorio Ramos tenía 36 años. Vivía con su madre en el barrio 6 de Septiembre, en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Tenía una discapacidad: retraso madurativo, hipoacusia y dificultades visuales. Cobraba una pensión y, además, trabajaba: hacía changas de jardinería, limpieza y mandados para los vecinos. En la madrugada del martes 3 de noviembre fue interceptado en la vía pública por una patrulla de la Policía de Salta, integrada por cuatro efectivos, tres varones y una mujer. Uno de ellos le disparó con una escopeta. Según el comunicado de la familia, el disparo fue por la espalda, y Gregorio no estaba agrediendo a nadie ni provocando disturbio alguno.

Lo que ocurrió después es, para mí, tan grave como el disparo. Los familiares y los vecinos denunciaron que los cuatro policías se subieron al patrullero y se fueron, sin asistirlo y sin avisar a nadie. Fueron los vecinos quienes lo auxiliaron y quienes llamaron al SAMEC. Una ambulancia lo trasladó al hospital San Bernardo. El relevamiento periodístico dice que allí falleció por un shock hipovolémico; el comunicado de la familia precisa que, por la gravedad de las heridas y las demoras en la asistencia, llegó sin vida.

El informe preliminar de la autopsia, tal como lo difundió la familia, habla de siete perdigones de plomo: tres en la pierna izquierda, dos en la derecha y dos en la espalda, uno de los cuales habría alcanzado el pulmón y el corazón, causando la muerte. Siete perdigones de plomo. No de goma. De plomo, en el cuerpo de un hombre desarmado.

Las imputaciones

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. En las audiencias ante el juez de garantías Pablo Zerdán se imputó a los cuatro miembros de la patrulla. Al cabo Pablo Vaca, de 29 años, operador de la escopeta reglamentaria, se lo imputó como autor de homicidio doblemente agravado, por el uso de arma de fuego y por su condición de policía, y se le dictó prisión preventiva. A los otros tres, un sargento y dos agentes, se los imputó por encubrimiento agravado: cuando se presentaron en la comisaría a dar su primer informe, no dijeron nada de la herida de Gregorio, pese a que habían estado a corta distancia del disparo. A ellos se les dispuso arresto domiciliario por treinta días, con monitoreo electrónico y prohibición de contacto entre sí y con los testigos.

Anoto la diferencia porque será el nudo de todo lo que escuché después en la calle: uno preso, tres en sus casas. Y anoto también lo que corresponde anotar: se trata de imputaciones, no de condenas, y a los cuatro los ampara la presunción de inocencia hasta que un tribunal diga lo contrario. Pedir justicia, para quienes venimos de donde venimos, nunca fue pedir que se la saltee.

Lo que informó la fiscalía

De los partes y reseñas sobre la investigación penal preparatoria retuve cuatro cuestiones. La primera, la causa de muerte: shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre, con heridas de perdigones de escopeta policial en miembros inferiores y espalda. A eso se agregan escoriaciones y traumatismos superficiales en la frente y la mejilla, sobre los que se investiga si responden a un sometimiento físico previo al disparo o al golpe de la caída. La segunda, la balística: las pericias iniciales establecieron que los cartuchos salieron del arma que operaba el cabo imputado, y se secuestraron las armas reglamentarias, las cartucheras y los móviles de la patrulla. La tercera, la custodia de la prueba: la Policía de Salta fue excluida de la recolección de evidencia y el relevamiento en el barrio quedó a cargo de los peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. La cuarta, el abandono: el cruce de llamadas del 911 y los registros del SAMEC indicarían que los uniformados no emitieron la alerta médica después de disparar. Quedaban pendientes, al momento de mi lectura, el análisis de las cámaras de los accesos al barrio, las pericias psicológicas a los cuatro imputados y la verificación del protocolo de uso de la fuerza.

Los organismos

El relevamiento consigna también que el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, de cuyo Consejo Consultivo formo parte, abrió una actuación de oficio, pidió informes urgentes a la fiscalía y al Ministerio de Seguridad y Justicia sobre el cumplimiento del protocolo de uso de la fuerza letal y del deber de asistencia, y siguió de cerca que la prueba de campo quedara en manos del CIF y no de la propia fuerza investigada. Registra, además, las omisiones de auxilio denunciadas por los vecinos y la condición de vulnerabilidad previa de la víctima. La Comisión de Derechos Humanos del Senado provincial, por su parte, inició el seguimiento de la causa y pidió aclaraciones sobre el accionar de la patrulla y sobre la recurrencia de procedimientos desproporcionados en los barrios de la zona sudeste. Y los familiares, junto con organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas de abuso policial, encuadraron el hecho con las dos palabras que en la Argentina no necesitan traducción: gatillo fácil.

«Como una criatura»

Hubo una parte de la lectura que me detuvo más que las otras. Es lo que los vecinos decían de Gogo en los medios y en las redes. No hablaban de un adulto amenazante. Decían que «era como una criatura acá en el barrio». Todos conocían su rutina, su casa, su familia. La comunidad lo cuidaba con una mezcla de trato paternal y de afecto fraterno.

Desde ese conocimiento cotidiano explican los vecinos lo que pasó. Gregorio oía poco y veía mal. Ante la irrupción de un patrullero en plena madrugada, su reacción, dicen, no fue de confrontación sino de desorientación y miedo: no escuchó o no entendió la voz de alto, se asustó, quiso correr hacia su casa. En el relato barrial, la huida fue el reflejo de un hombre asustado, y la respuesta con una escopeta muestra la falta absoluta de preparación de la fuerza para tratar con una persona con discapacidad en la calle.

Leí también lo que siempre aparece en estos casos: los comentarios que, en las redes, buscaron justificar el disparo asociándolo con la droga o el delito. Y leí la respuesta de su sobrina: «Decían que era drogadicto y es mentira, él era una persona trabajadora. Cobraba de discapacidad, pero él igual trabajaba». Nadie lo presentó como un santo. Dijeron que tenía días buenos y días malos, como cualquiera. Dijeron que era honesto y que trabajaba.

Por último, un dato que me parece decisivo. Fueron los vecinos quienes filmaron con sus teléfonos lo que vino después del disparo: el patrullero, los efectivos buscando perdigones con linternas. Fueron ellos quienes sostuvieron a un hombre que se desangraba. El barrio se constituyó, en el mismo acto, en auxilio y en testigo de cargo.

La convocatoria

Con todo eso leído me llegó el comunicado de la familia, redactado junto a sus abogados. Reconstruía el hecho, daba cuenta de las imputaciones, informaba que la fiscalía había ordenado medidas de prueba casi todas todavía en curso, y anunciaba que la familia haría todo lo posible para que se investigara la responsabilidad de todos los policías, no solo por la muerte de Gregorio sino también por haberlo dejado abandonado. Convocaba a marchar el jueves 12 de noviembre, a las 10, desde Buenos Aires y San Martín. Cerraba con una consigna: «Justicia por Gogo Ramos. El Estado es responsable de los casos de gatillo fácil».

II. Por qué fui

Fui porque me lo pidió Álvaro Camacho.

Álvaro es el abogado que, desde el Gremio de Abogados, representa a la familia de Gregorio Ramos como querellante. Su pedido bastaba, y quiero explicar por qué. A Álvaro lo conozco de palparlo en lo cotidiano, que es la única manera seria de conocer a alguien. Lo he visto, una vez y otra, del lado de las personas y de los grupos más vulnerables, sin que eso le reporte prestigio ni clientela. Y observo en su ejercicio profesional algo que en Salta no abunda: una distancia prudente respecto de la corporación de los abogados. No es una distancia hostil ni declamada. Es la de quien sabe que, en una provincia chica, los estudios, los juzgados, los colegios profesionales y los apellidos se tocan todos entre sí, y que para defender a una familia humilde contra una fuerza del Estado conviene no deberle nada a nadie. Cuando un hombre así me pide que esté, voy.

Pero no fui solo por él. Fui también porque el dolor de esa familia me identifica, y porque llevo muchos años observando cómo se gestiona el dolor en Salta: cómo algunas familias, golpeadas por una muerte que el Estado produjo o permitió, logran resistir y convertir un caso privado en un grito público.

Tengo una genealogía de ese aprendizaje. Empieza, en mi memoria, con la familia de Pelusa Liendro, la activista trans asesinada en Salta en noviembre de 2006: allí vi por primera vez, de cerca, cómo unos familiares y un colectivo despreciado por casi todos ponían el cuerpo en la calle para que una muerte no fuera archivada como un asunto menor. Sigue con mi propia lucha por el esclarecimiento del secuestro y asesinato de mi abuelo, Miguel Ragone, exgobernador de Salta, desaparecido el 11 de marzo de 1976: décadas de expedientes, de audiencias, de actos, de aprender que la justicia no llega si nadie la empuja. Continúa con la muerte en custodia de Fernanda Arias y con la pelea de sus hermanas, que me enseñaron que la obstinación también tiene forma de mujer joven parada frente a un edificio público. Y llega hasta las decenas de casos de gatillo fácil en los que la policía ejecuta a jóvenes varones de los barrios de Salta, cada uno con su madre, su hermana, su bandera pintada a mano.

Son historias distintas. Un gobernador, una activista trans, una mujer detenida, muchachos de barrio, un jardinero con discapacidad. No las igualo. Las separan la época, la clase, el género, la escala del crimen. Pero las une una forma: en todas hay una muerte en la que el Estado está comprometido, una versión oficial que busca achicarla, y un grupo de familiares que decide no aceptar esa versión. Michael Pollak (2006) llamó situaciones límite a aquellas experiencias que rompen el mundo habitual de una persona y la obligan a rehacer su identidad frente a lo que antes era impensable. Lo estudió en sobrevivientes de los campos de concentración; yo lo he visto en veredas salteñas. La pregunta que me acompaña desde hace años es qué hace la gente con eso: cómo se pasa del derrumbe a la palabra, y de la palabra a la plaza.

Anticipo, entonces, lo que más me resonó de la marcha, porque ordena todo lo demás. Es lo que dijo Adriana, la madre de Gogo, cuando un periodista le preguntó qué respuestas le había dado la justicia:

«Me dicen que está preso, que está preso. ¿Qué voy a hacer yo con que esté preso? Ellos tienen piedad de darles una domiciliaria a los otros. ¿Yo qué soy aquí? Estoy muerta en vida. Estoy muerta en vida».

Volveré varias veces sobre esas frases. Contienen, dichas por una mujer que no ha leído ninguno de los libros que voy a citar, casi todo lo que esos libros intentan pensar.

III. En la marcha

Llegué a la esquina de Buenos Aires y San Martín un poco después de las diez. Llevaba el grabador, como siempre. Lo que sigue reconstruye la mañana a partir de cuatro registros de audio que hice entre las 10:13 y las 10:49, y que luego ordené.

Dicho en conjunto, esos registros documentan una movilización ciudadana e institucional frente a un homicidio en el que confluyen tres cosas: violencia policial, discapacidad e impunidad. En ellos se mezclan charlas informales, los testimonios de la madre, la hermana y la sobrina de Gregorio, las palabras de vecinas del barrio y la entrevista técnica que los periodistas de los medios locales le hicieron al doctor Camacho, y que yo acompañé. Las intenciones de quienes hablan son claras. La familia y los vecinos quieren denunciar el ensañamiento, la alteración de la escena, la omisión de auxilio y la discriminación hacia las personas con discapacidad de los sectores pobres; quieren, también, desmontar la versión de unos supuestos disturbios. La querella quiere impulsar la acción penal por homicidio doblemente calificado y encubrimiento agravado, resguardar la prueba y hacer valer el deber de tutela reforzada que el Estado tiene frente a una persona con discapacidad. Yo quise acompañar, preguntar y dejar registro.

Primer registro: el comienzo

La grabación empieza antes de que empiece la marcha, con una conversación entre Raquel Adet, que me acompañaba, y yo. Hablábamos de Álvaro. Coincidíamos en valorar su trayectoria independiente, su honestidad y su coherencia, y en que no responde a eso que en la calle se nombra como la corporación judicial. De ahí, como suele pasar en las esperas, derivamos a la política: comentamos el aburguesamiento del Partido Justicialista local, una dirigencia a la que vemos conservadora y más ocupada en los cargos y en el poder que en lo que estaba pasando en esa esquina. Lo consigno porque es parte del registro y porque dice algo del paisaje: quienes deberían estar, por historia y por doctrina, del lado de un jardinero muerto por la policía, no estaban.

Después aparecieron ellas. Adriana, la madre. Daniela de los Ángeles, la hermana. Y la sobrina de Gregorio, que a lo largo de la mañana sería la vocera más firme.

Entre las tres reconstruyeron la escena previa. La familia había vuelto del cementerio, de la misa por los difuntos. Gregorio estaba sentado en la vereda de la casa de una hermana suya, fallecida años atrás. Estaba recordándola. Estaba llorando. Daniela lo dijo sin vueltas: no hubo disturbio alguno; su hermano estaba sentado, quieto, en la vereda de la casa familiar. Y lo definió con las mismas palabras que yo había leído en los diarios, pero dichas ahora desde adentro: era «la criatura de la casa», un hombre con discapacidad que andaba siempre bajo su cuidado.

Según el relato de la familia, la policía irrumpió disparando a quemarropa. La sobrina dio los números de la autopsia tal como ella los tiene: siete heridas de plomo, tres en la pierna izquierda, dos en la derecha, una en el pulmón y una en el corazón. Afirmó que hay testigos y videos que prueban que personal policial limpió la sangre, levantó los cartuchos y pisó la escena antes de que llegara el CIF. Denunció que el abandono fue deliberado, que en el lugar llegó a haber ocho patrulleros y que nadie le dio los primeros auxilios, y que en la guardia del hospital hubo maniobras de intimidación y trabas para el ingreso. Son afirmaciones de parte, y como tales las transcribo; será la investigación la que las confirme o las descarte. Pero no puedo dejar de decir que coinciden con lo que el propio expediente parece haber empezado a verificar por otras vías: los registros de llamadas, los videos de los vecinos.

Adriana habló poco. Dijo que estaba muerta en vida y cuestionó que la justicia evaluara beneficios para los policías. A ella le dedico un apartado entero más adelante.

La columna arrancó hacia la Jefatura de Policía y la Plaza 9 de Julio. El reclamo era uno: que los cuatro policías estuvieran detenidos.

Segundo registro: la sobrina

Trece minutos después volví a grabar a la sobrina mientras caminábamos. Aquí su relato se vuelve argumento. Para ella, la patrulla entera es responsable. Los tres policías que acompañaban al que disparó, dijo, son tan culpables como él: no lo frenaron, no lo detuvieron, no auxiliaron a su tío, y se fueron en el móvil oficial. Sostuvo que al retirarse pretendieron simular que el hecho les era ajeno, y que esa simulación se cayó porque hubo testigos que los vieron irse.

Después dijo lo que escuché tantas veces en tantas marchas, y que no por repetido pierde verdad: que hay una justicia para los uniformados y otra para la gente humilde. Que a los policías les dan domiciliaria y a un vecino sin recursos le caen las penas más duras. Que si un ciudadano común matara a un policía estaría preso, sin privilegio alguno.

Yo le hablé del trabajo del Gremio de Abogados y de lo que significa que Álvaro haya asumido la querella. Y le dije algo que aprendí en carne propia: que el tiempo juega para el otro lado. Que las causas se enfrían, que la presión baja, que las calificaciones se ablandan cuando ya nadie mira. Que por eso hay que acompañar a la familia durante todo el proceso, no solo el día de la marcha, y sostener el pedido de que los cuatro efectivos respondan por lo que hicieron, sin reducciones que aparezcan de improviso cuando las cámaras se hayan ido.



Tercer registro: Daniela, la discapacidad y el barrio

A las 10:32 conversé con Daniela de los Ángeles. Me presenté como integrante de organizaciones de derechos humanos y le dije que estaba ahí para acompañar. Le pregunté por su hermano.

Me explicó la discapacidad de Gregorio con la precisión de quien lo ha cuidado toda la vida: retraso madurativo, dificultad para hablar, pérdida parcial de la audición y de la vista. Me contó que había perdido una oreja en un accidente con un caballo. Y me contó algo que yo no sabía y que cambia la lectura de todo: años atrás, durante una manifestación de los carreros, la propia policía le había sacado un ojo de un disparo a quemarropa.

Me quedé con eso. El hombre al que la Policía de Salta mató el 3 de noviembre ya había sido mutilado por la Policía de Salta. Veía mal, entre otras razones, porque esa misma fuerza le había quitado un ojo. Y nadie, hasta donde la familia sabe, fue sancionado por aquello.

Daniela negó de plano que su hermano tuviera causas penales. La policía lo conocía desde chico, dijo; lo que había eran intervenciones por berrinches, rabietas propias de su condición. Era pacífico. Cuidaba la casa. Jugaba con los animales, criaba los cerdos y las gallinas. Acompañaba a su madre y a sus hermanas.

Después habló del barrio, y ahí el caso individual se abrió a otra cosa. Dijo que la policía baja al 6 de Septiembre a los tiros. Que entra disparando, y que dispara con plomo. Que es la manera que tienen de amedrentar, de disciplinar. Una vecina que estaba al lado se sumó sin que yo le preguntara: contó que la policía tira en las esquinas, frente a los almacenes, y que a ella misma, tiempo atrás, una bala de goma le dio en el brazo en plena calle.

Achille Mbembe (2011) propuso el término necropolítica para nombrar las formas de poder que se ejercen decidiendo quién puede vivir y quién queda expuesto a la muerte, y que organizan territorios enteros como zonas donde esa exposición es la regla. No hace falta forzar la categoría. Me basta con escuchar a una vecina contar, con naturalidad, que en su barrio los almacenes son un lugar donde a una le pueden disparar.

Cuarto registro: Álvaro

Cerca de las once, ya en plena movilización, los periodistas rodearon a Álvaro. Yo me sumé a la ronda y también pregunté.

Álvaro habló como abogado, y agradecí que alguien lo hiciera. Expuso el informe preliminar de autopsia: siete orificios por perdigones de plomo, disparados por una escopeta con cartucho de propósitos generales; la muerte se produjo por un choque hipovolémico, con afectación del pulmón y del corazón. Desmintió con énfasis las versiones periodísticas que hablaron de disturbios o de agresiones a los uniformados: no hubo contexto de violencia, no hubo ataque a los móviles, y ningún efectivo presentó lesiones. Lo que hubo, dijo, fue una desproporción absoluta.

Repasó el estado procesal: el autor de los disparos, con prisión preventiva e imputado por homicidio doblemente calificado; los otros tres, imputados por encubrimiento agravado.

Yo le pregunté por la discapacidad. Quería saber cómo estaba entrando en el expediente y qué significaba, jurídicamente, la responsabilidad reforzada del Estado. Me respondió que la querella había presentado el Certificado Único de Discapacidad de Gregorio, y que de ahí se sigue una violación severa del deber de tutela y del principio de proporcionalidad. La Argentina ha dado jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; un agente del Estado que se encuentra con una persona que no oye bien, no ve bien y no comprende con rapidez una orden no tiene menos obligaciones frente a ella, sino más.

Y cerró con la historia del ojo. Recordó que esta misma policía le había arrebatado un ojo a Gregorio en la lucha de los carreros, y que nadie pagó por eso. Habló de impunidad histórica. Dijo que la violencia policial se había repetido sobre la misma víctima.

Mientras lo escuchaba pensé que esa sola frase alcanza para definir lo que falla. La no repetición no es, en este caso, una fórmula de los tratados. Es un cuerpo concreto al que el Estado hirió una vez, no reparó, no investigó, y al que años más tarde volvió a encontrar en una vereda.

IV. Adriana: «Estoy muerta en vida»

Quiero volver ahora sobre la madre, despacio.

Los registros de esa mañana permiten reconstruir tres cosas: lo que Adriana vive, cómo la resguardan sus hijas y su nieta, y qué pasa entre ella y los periodistas que la buscan a lo largo de la concentración y de la marcha. Las tres me importan, y las tres me obligan a pensar más allá de la crónica.

La pregunta del cronista

La escena central ocurre en el primer registro. La columna todavía se está armando. Los cronistas de radio y de televisión se abren paso entre la gente con el micrófono extendido; hay uno al que todos llaman Pablito, conocido de las coberturas de calle. Uno de ellos llega hasta la madre y pregunta, con la fórmula del oficio: «Adriana, ¿qué respuestas te ha dado la justicia hasta el momento?».

La respuesta no es una respuesta. Es un quebranto. Adriana dice que le dicen que está preso, que está preso; pregunta qué va a hacer ella con que esté preso; dice que ellos tienen piedad para darles una domiciliaria a los otros; pregunta qué es ella ahí; y dice, dos veces, que está muerta en vida. Después el llanto no la deja seguir.

El tono de la crónica se paraliza. No hay repregunta posible. Lo que hay es un movimiento inmediato de las mujeres que la rodean: las hijas y la sobrina toman la palabra, sostienen el relato, la cubren. Daniela llega a decirlo en voz alta, hacia los micrófonos: «Por favor, que tengan un poco de respeto a mi madre».

No lo cuento para reprochar a los periodistas. Hacían su trabajo, y sin ese trabajo el caso de Gogo sería una línea en un parte policial. Lo cuento porque en esa escena se ve una tensión que conozco bien: la que existe entre la urgencia de hacer público el dolor y la necesidad de proteger a quien duele. La familia necesita a los medios y a la vez tiene que defenderse de ellos. Resolvieron esa tensión con una división del trabajo que nadie les enseñó: la madre es el centro del dolor; la hermana, la voz del afecto; la sobrina, la voz de los datos. Daniela habla de quién era Gregorio. La sobrina habla de perdigones, de cartuchos, del CIF, del recorrido de la marcha. Adriana, cuando puede, dice lo que solo ella puede decir.

Yo me acerqué de otro modo. Me presenté ante la familia como integrante de organismos de derechos humanos. No iba a buscar una declaración; iba a preguntar cómo estaba entrando la discapacidad en la causa y a decirles quién era el abogado que tenían y por qué podían confiar en él. Mi lugar esa mañana fue ambiguo, y no lo disimulo: preguntaba con un grabador en la mano como un periodista, y acompañaba como alguien que estuvo del otro lado del micrófono.

Lo que Adriana contó

Cuando pudo hablar, Adriana reconstruyó el día. «Fuimos al cementerio, regresamos después de la misa, después de las 6 a 7 ya regresamos, y él estaba sentado ahí en la vereda de nosotros, en la vereda de mi hija... Estaba llorando en la puerta de la casa de mi hija». La hija es la hermana mayor de Gregorio, fallecida años atrás. Era el tiempo de los difuntos, que en Salta se vive con una seriedad que el resto del país a veces no entiende. Un hombre con la madurez de un chico lloraba a su hermana muerta en la puerta de la casa de ella. Esa es, según su madre, la escena en la que irrumpe la patrulla.

Contó también lo que pasó cuando salió de su casa para ir al hospital detrás de la ambulancia. Dice que unos policías de civil la abordaron y la increparon: «Ah, venga, venga, ¿qué sabe usted? ¿Qué sabe usted?». Y que ella, en medio del shock, les contestó: «¿Qué van a saber los chicos?». Es una denuncia de intimidación en el momento más indefenso que puede tener una madre, y deberá investigarse como tal.

Lo demás es más difícil de transcribir, porque no está en las palabras sino entre ellas. Es el dolor de haber visto que a su hijo, al que cuidó como a un niño durante treinta y seis años, lo trataron como si no valiera nada. Y es la desconfianza hacia una policía y una justicia que, en las primeras horas, no tuvieron para la familia ni un gesto de contención.

El dolor como situación límite

Vuelvo a Pollak. En sus trabajos sobre la memoria de los sobrevivientes, Pollak (2006) mostró que frente a una situación límite el silencio y la palabra no se oponen como el olvido y el recuerdo. Se calla porque no hay quien escuche, porque lo vivido no cabe en los marcos con los que una sociedad está dispuesta a oír. Y se habla cuando aparece una escucha posible. Maurice Halbwachs (2004) había dicho antes que nadie recuerda solo: la memoria necesita marcos sociales que la sostengan. Lo que vi en la esquina de Buenos Aires y San Martín fue la construcción, en tiempo real, de un marco de escucha. Unas hijas que cubren, unos vecinos que rodean, un abogado que traduce, unos periodistas que amplifican, unas banderas que nombran. Sin eso, la frase de Adriana habría sido dicha en una cocina y se habría perdido.

Veena Das (2008), que ha pensado como pocos la relación entre violencia y lenguaje, sostiene que el dolor no es algo inefable que aísla a quien lo sufre, sino un pedido de reconocimiento dirigido a otro. Cuando alguien dice su dolor, dice Das, no describe un estado interior: le reclama al otro que lo aloje. Leída así, la pregunta de Adriana, «¿yo qué soy aquí?», no es retórica. Es un reclamo dirigido al Estado y a todos nosotros. Pregunta qué lugar tiene ella en un orden que supo encontrar piedad para tres policías y no encontró ninguna para una madre.

Judith Butler (2006, 2010) ha dado nombre a eso que Adriana percibe sin teoría. Hay vidas, dice Butler, cuya pérdida una sociedad está preparada para llorar, y otras cuya pérdida no cuenta como pérdida, porque nunca contaron del todo como vidas. La distribución desigual del duelo público es una forma de la desigualdad política. El jardinero pobre, sordo, tuerto por obra de un disparo anterior, del sudeste de la ciudad, pertenecía a la clase de vidas que el orden no se dispone a llorar. Los comentarios que lo trataron de drogadicto, las versiones sobre disturbios, son las operaciones por las que una muerte se vuelve no llorable. Y la marcha es la operación contraria: obligar a la ciudad a llorar a quien no pensaba llorar.

«Muerta en vida»


La expresión es antigua y popular; la he oído en otras madres. Pero quiero tomarla en serio. Adriana no dice que está triste, ni destruida. Dice que está muerta, y que eso ocurre en vida. Nombra una condición intermedia.

No puedo dejar de escuchar ahí un eco. Los familiares de desaparecidos de la dictadura han hablado durante décadas de un duelo que no puede cerrarse porque falta el cuerpo; Ludmila da Silva Catela (2001) lo estudió con rigor y con delicadeza entre los familiares de La Plata, mostrando cómo la ausencia de tumba suspende los rituales con los que una comunidad tramita la muerte. El caso de Adriana es distinto: ella tiene el cuerpo de su hijo, tiene una tumba, tiene una autopsia. Y sin embargo dice estar del lado de los muertos. Lo que su frase revela es que hay otra manera de impedir un duelo. No es la falta del cuerpo. Es la falta de sentido. Una muerte producida por quienes debían cuidar, seguida del abandono, de la limpieza de la escena, de la versión falsa, de la domiciliaria, es una muerte que no se puede terminar de enterrar, porque cada uno de esos actos la vuelve a producir.

Por eso la primera parte de su frase es tan importante como la última. «¿Qué voy a hacer yo con que esté preso?». Hay que escucharla bien. Adriana no dice que no quiere que el policía esté preso. Dice que la cárcel no le devuelve nada. Sin haberlo buscado, señala el límite de toda justicia que solo sabe castigar. El castigo es necesario, y la familia lo exige para los cuatro; pero el castigo no repara. Lo único que podría darle algún sentido a esa muerte es que no vuelva a ocurrir. Sobre eso volveré al final.

Convertir el dolor

¿Cómo se pasa de estar muerta en vida a encabezar una marcha? Porque eso es lo que Adriana hizo: muerta en vida, caminó desde una esquina del centro hasta la Central de Policía y la Plaza 9 de Julio.

Elizabeth Jelin (2002) llamó trabajos de la memoria a ese esfuerzo por el cual las personas dejan de ser arrastradas por el pasado y empiezan a hacer algo con él. Lo llamó trabajo con toda intención: es una actividad que transforma a quien la hace y transforma el mundo. Y llamó emprendedores de memoria a quienes ponen su energía en convertir una experiencia privada en un asunto público, buscando reconocimiento y legitimidad para su versión de lo ocurrido. La familia Ramos es, desde el 3 de noviembre, una familia de emprendedoras de memoria. No lo eligieron. Lo son.

Tzvetan Todorov (2000) ofrece una distinción que uso con frecuencia. Hay, dice, una memoria literal, que conserva el acontecimiento como algo único e intransferible, y que encierra a quien recuerda en su propia herida. Y hay una memoria ejemplar, que sin negar la singularidad de lo vivido lo abre a la comparación, lo convierte en un principio de acción para el presente y permite reconocer el propio dolor en el de otros. El paso de una a otra es, para Todorov, el paso de lo privado a lo público. En la marcha lo vi condensado en un objeto: la bandera que la familia de Gogo llevaba adelante no decía Gregorio Ramos. Decía «Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de la Provincia de Salta». El caso de Adriana ya estaba inscripto en una serie. Otras madres, antes que ella, habían cosido esa tela.

María Victoria Pita (2010), que estudió durante años el activismo de los familiares de víctimas de la violencia policial en el área metropolitana de Buenos Aires, mostró algo que sirve para entender esto. La categoría de familiar no es un dato del parentesco; es una posición política que se construye en la protesta. Ser familiar, en ese mundo, es haber convertido el lazo de sangre en autoridad para denunciar. Y mostró también que la protesta de los familiares no busca solo una condena: busca restituir la humanidad del muerto, discutir las formas en que el poder policial lo clasificó como alguien matable. Cuando la sobrina de Gogo responde en las redes que su tío no era drogadicto sino trabajador, cuando Daniela dice que era su sonajero, su niño, su todo, hacen exactamente eso. Le devuelven un rostro.

La maternidad como lugar político

Queda una cuestión que no quiero esquivar, porque es incómoda. Adriana habla como madre. Su autoridad en esa esquina, la razón por la que el cronista la busca a ella y no a otro, es que es la madre. En la Argentina eso tiene una historia enorme.

Las Madres de Plaza de Mayo inventaron, en la peor de las circunstancias, una forma de hacer política desde la maternidad. Salieron del lugar que la dictadura les asignaba, el de guardianas del hogar, y lo volvieron contra la dictadura: como madres, exigían saber. Judith Filc (1997) analizó cómo ese gesto desarmó desde adentro el discurso familiarista del régimen. Con el tiempo, las Madres fueron más lejos y hablaron de una maternidad socializada, en la que cada una era madre de todos los desaparecidos. Desde entonces, en este país, una madre que reclama por un hijo muerto por el Estado no habla sola: habla dentro de una tradición que le presta legitimidad, gestos, un pañuelo.

Jelin (2007) ha señalado el reverso de esa conquista. Si la legitimidad para hablar de las violaciones a los derechos humanos se funda en el lazo de sangre con la víctima, quienes no tienen ese lazo quedan en segundo plano, y lo que debería ser un reclamo de ciudadanía se vuelve un reclamo de familia. Ella lo llama familismo, y advierte sobre el riesgo de que el sufrimiento personal funcione como única credencial para la palabra pública.

Tomo la advertencia en serio, también para mí, que tantas veces hablé como nieto. Pero lo que vi el 12 de noviembre me hace matizarla. La politización de la maternidad de Adriana no la fabricó ella, ni la tradición de las Madres. La fabricó la policía. Fue una patrulla la que convirtió a una mujer que volvía del cementerio en un sujeto político. Lo que Adriana hace con eso es lo notable. No pide para sí. Pregunta qué es ella ahí, y en esa pregunta pone en cuestión una justicia entera. Su maternidad no se retira a lo doméstico; mide, con la vara de su pérdida, la piedad desigual de las instituciones. Y no camina sola como madre: camina detrás de una bandera de familiares, junto a vecinas que cuentan sus propios balazos, con un abogado que traduce su dolor a figuras penales y con organizaciones que le ponen bombos. El lazo de sangre es el punto de partida. La llegada es otra cosa: un reclamo que cualquiera puede hacer suyo sin haber parido a Gogo.

Esa es la conversión que me interesa. El dolor de Adriana no deja de ser dolor. No se sublima ni se cura. Pero una parte de su energía, la que no la deja quedarse en la cama, se vuelve útil para otros: para las madres de los changos jóvenes del sudeste de Salta que todavía están vivos.

V. Frente a la Central

La columna dobló y se detuvo en la calle General Güemes, frente a la Jefatura de Policía. Filmé esa parada; el registro circula con el rótulo «Marcha por Gregorio Ramos, Salta, 2026-11-12» y el logotipo de la Asociación Dr. Miguel Ragone. Lo he mirado varias veces desde entonces. Describo lo que se ve.

La escena

Es pleno día y el cielo está despejado. Al fondo de la calle, cerrando la perspectiva por encima de un caserío bajo, se recorta la silueta de los cerros. El edificio de la Central es de estilo neocolonial: fachada blanca, una recova de arcos de medio punto, rejas negras en los accesos. Es un edificio hermoso, de esos que las guías de turismo incluyen en el circuito del centro histórico. Detrás de las rejas y sobre las escalinatas hay policías apostados. Miran. No dicen nada. Sobre el asfalto, un caballete metálico azul lleva pintada en blanco la leyenda de la Subjefatura.

Los manifestantes ocupan todo el ancho de la calzada y cortan el tránsito. Se han dispuesto de frente al edificio. La primera línea es la bandera de arrastre, sostenida por los familiares y los vecinos: tela blanca, letras negras y rojas, una pistola tachada dentro del círculo rojo de la prohibición. Dice: «Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de la Provincia de Salta. El gatillo fácil es genocidio en democracia. El Estado es responsable».

Detrás se levantan carteles rígidos, blancos con recuadro rojo: «Justicia por Go Go. Basta de gatillo fácil», con la firma del Polo Obrero y el Partido Obrero. Hay banderas naranjas del Partido Obrero, banderas argentinas, un estandarte azul de la corriente clasista. Hay bombos y redoblantes en el medio del grupo. Una mujer lleva al cuello un pañuelo amarillo. Uno de los chicos que toca el redoblante carga una mochila con los colores de la wiphala. En la primera fila, una mujer alza hacia el edificio un cartel de cartón hecho a mano. Del otro lado de la calle, los autos estacionados marcan el borde del corredor que la protesta abrió.

Es una escena chica. No era una multitud. Eran los vecinos de un barrio del sudeste, parados frente al edificio más antiguo del poder policial de la provincia, diciéndole algo.

El cartel

Mi filmación no empieza por la bandera. Empieza por la esquina. Ahí, sobre la vereda, hay un cartel institucional negro y blanco. Tiene tres columnas verticales con tres palabras: Memoria, Verdad, Justicia. Y un texto: «Jefatura de Policía de la Provincia de Salta. Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado».

Empecé por ahí a propósito. Ese cartel es una señalización de Sitio de Memoria, de las que el Estado argentino coloca en los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención o donde ocurrieron hechos emblemáticos de la represión ilegal; una ley nacional, la 26.691, sancionada en 2011, ordena preservarlos y señalizarlos. El edificio frente al cual los vecinos de Gogo gritaban justicia es, oficialmente, un lugar donde el Estado torturó y desapareció.

Yo conozco ese edificio por razones que no elegí. Cuando la justicia federal juzgó, en 2011, el secuestro de mi abuelo, entre los condenados hubo hombres que habían mandado en esta policía. La causa Ragone pasa, en más de un sentido, por esa recova. Así que el 12 de noviembre estuve parado, con una familia a la que la Policía de Salta le mató un hijo en 2026, frente al lugar desde donde la Policía de Salta participó de la desaparición de mi abuelo en 1976. No lo dije en voz alta. No era el día. Pero lo filmé.

Lo que el cartel conecta

Elizabeth Jelin y Victoria Langland (2003) reunieron hace años una serie de estudios sobre las marcas territoriales de la memoria: placas, monumentos, señalizaciones. Su punto de partida es que una marca no significa por sí misma. Un lugar se vuelve lugar de memoria cuando hay actores que lo invisten de sentido, que disputan por él, que lo usan. Pierre Nora (2008), que acuñó la noción de lugares de memoria, lo dijo a su modo: esos lugares existen porque la memoria viva ya no se sostiene sola, y viven solo mientras alguien los reactiva. Una placa que nadie lee es un mueble urbano.

El cartel de la esquina de la Central es, la mayor parte del tiempo, un mueble urbano. Pasa desapercibido. Lo pasan de largo los turistas que fotografían la recova, los que van a hacer un trámite, los propios policías que entran y salen. Me pregunto cuántos de los agentes que esa mañana miraban desde las escalinatas lo leyeron alguna vez. Me pregunto si en la formación de un cabo de 29 años alguien se detuvo frente a ese cartel y le explicó qué significa trabajar en una institución que carga con esa inscripción en su puerta.

Y debo ser honesto: tampoco los manifestantes le prestaron atención. La marcha no se detuvo ante el cartel. No hubo quien lo señalara por el megáfono. Lo vi yo, porque tengo el ojo entrenado por mi historia.

Quiero valorar el cartel y, a la vez, problematizarlo.

Lo valoro porque es una conquista. Costó décadas que el Estado escribiera en la puerta de su propia policía que ahí se cometieron crímenes de lesa humanidad. Es el Estado diciendo la verdad sobre sí mismo, en el espacio público, de manera permanente. Detrás de ese cartel hay juicios, testimonios, sobrevivientes, el trabajo de los organismos.

Lo problematizo porque habla en pasado. «Aquí se cometieron». El tiempo verbal encierra el crimen en una época y lo separa de la institución que sigue funcionando adentro. El cartel dice lo que la policía hizo y no dice nada de lo que la policía hace. Esa es, a mi juicio, la marca del modo en que construimos nuestra memoria del terrorismo de Estado: como la memoria de un período cerrado, con fecha de inicio y de final, del que la democracia nos habría separado limpiamente. Emilio Crenzel (2008), al reconstruir la historia política del informe de la CONADEP, mostró cuánto pesó en esa construcción la idea de una frontera nítida entre dictadura y democracia. Esa frontera fue necesaria para juzgar. Pero tiene un costo: deja fuera del campo de visión todo lo que cruzó de un lado al otro sin cambiar.

La policía cruzó. Los edificios cruzaron. Cruzaron ciertas rutinas: la versión falsa en el primer parte, la escena alterada antes de que llegue el perito, el testigo intimidado, el cuerpo abandonado. Sofía Tiscornia (2008), al estudiar el caso de Walter Bulacio, describió con precisión cómo las prácticas policiales violentas no son desvíos sino rutinas burocráticas asentadas, sostenidas por normas menores, costumbres y tolerancias judiciales que la transición democrática no tocó. Pilar Calveiro (1998) había mostrado, a propósito de los campos de concentración, que el poder desaparecedor no fue un cuerpo extraño injertado en la sociedad argentina, sino la exasperación de elementos que ya estaban en ella y que siguieron estando.

Entonces el cartel, que pasa desapercibido, se vuelve de pronto el conector que yo buscaba. Une el pedido de justicia por los desaparecidos de la dictadura setentista con el pedido de justicia por los ejecutados del gatillo fácil en democracia. Los une en el lugar más literal posible: una misma vereda, una misma fachada, una misma institución. La bandera de los familiares dice que el gatillo fácil es genocidio en democracia. Es una consigna, no una calificación jurídica, y habría mucho que discutir sobre el uso de la palabra; Daniel Feierstein (2007) ha defendido pensar el genocidio como una práctica social que reorganiza los vínculos de una sociedad mediante el terror, y no solo como una figura del derecho penal internacional. Pero más allá de esa discusión, la consigna y el cartel dicen lo mismo desde dos tiempos. El cartel afirma: aquí el Estado mató. La bandera responde: sigue matando. El cartel pone la palabra justicia en una columna. La gente la grita.

Hay un dato de mi propia historia que hace más aguda esa conexión. A mi abuelo lo secuestraron el 11 de marzo de 1976. Trece días antes del golpe. Todavía había, formalmente, un gobierno constitucional. La frontera entre democracia y dictadura, que el cartel da por nítida, no lo fue ni siquiera entonces. La maquinaria de muerte ya funcionaba, con uniformes de esta policía, antes de que los militares tomaran la Casa Rosada. Y siguió encontrando, después de que la dejaron, cuerpos sobre los cuales ejercerse.

Los rituales heredados

Hay otra conexión, que no está en el cartel sino en los cuerpos de los manifestantes.

Los vecinos del 6 de Septiembre hicieron frente a la Central, sin saberlo o sabiéndolo a medias, lo que los familiares de desaparecidos inventaron hace casi medio siglo. Marcharon hasta el edificio del poder que les debe una respuesta. Se pararon de frente. Pusieron adelante a la madre. Llevaron el nombre del muerto en una pancarta. Usaron el pañuelo. Gritaron «presente». Reclamaron con tres sustantivos que no necesitan verbo: memoria, verdad, justicia. Da Silva Catela (2001) describió cómo los familiares de desaparecidos, privados de los rituales ordinarios de la muerte, crearon otros: la ronda, la silueta, la foto en el pecho, el escrache, el acto. Esos rituales nacieron para una situación específica. Pero una vez creados quedaron disponibles, como un repertorio, para cualquiera que en este país tuviera que enfrentar una muerte producida por el Estado.

Eso es, me parece, lo más valioso que el movimiento de derechos humanos le legó a la sociedad argentina. No solo los juicios. Un lenguaje. Una gramática de la protesta frente a la muerte estatal que una familia de un barrio pobre de Salta puede tomar y usar el mismo día en que la necesita, sin pedirle permiso a nadie. Pita (2010) lo documentó para los familiares del gatillo fácil del conurbano: su activismo se inscribe en la tradición de los organismos históricos y a la vez la tensiona, porque sus muertos no son militantes sino pibes de barrio, y porque su reclamo no se dirige a una dictadura sino a gobiernos elegidos.

Esa imbricación tiene también su problema, y lo digo como parte del campo. Los organismos históricos no siempre hemos estado a la altura de la herencia que dejamos. Hemos sido más rápidos para conmemorar a los muertos de ayer que para acompañar a los de hoy. Hay quienes todavía discuten si un caso de gatillo fácil es un asunto de derechos humanos o de seguridad. Los vecinos de Gogo tomaron nuestros rituales. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a tomar sus muertos como propios.

La misma responsabilidad civil

Queda la conexión más incómoda, que no es con la policía sino con nosotros.

Desde hace años insistimos en llamar cívico-militar a la dictadura. No es un capricho de vocabulario. Quiere decir que el terrorismo de Estado no fue obra exclusiva de las Fuerzas Armadas y de seguridad: necesitó empresarios que señalaron delegados, jueces que rechazaron hábeas corpus, médicos que firmaron certificados, obispos que bendijeron, diarios que publicaron como enfrentamientos lo que eran fusilamientos, y una porción grande de la sociedad que prefirió pensar que por algo sería. El volumen que compilaron Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky (2013) sobre los cómplices económicos de la dictadura reunió buena parte de esa evidencia. En Salta lo sabemos de primera mano. A mi abuelo no lo desapareció solamente una patota. Lo desapareció un entramado de intereses al que su gobierno había incomodado, y que encontró en los uniformados a sus ejecutores.

Sostengo que el gatillo fácil tiene la misma estructura. El que dispara es un cabo. Pero el régimen de muerte que pesa sobre los barrios populares no lo impone el cabo. Lo impone una responsabilidad civil que se reparte entre muchos.

Está en el vecino de otros barrios que pide más policía y menos preguntas. Está en el comentarista que, a las pocas horas, escribe que el muerto era drogadicto. Está en el medio que titula con la palabra disturbios porque la tomó del parte policial sin verificarla. Está en el funcionario que mide su gestión por la cantidad de procedimientos. Está en el legislador que vota presupuestos para escopetas y recorta los de los organismos de control. Está en el juez que encuentra motivos para la domiciliaria de un uniformado y no los encuentra para la de un pibe que robó un celular. Está en las dirigencias que, por conveniencia o por comodidad, no aparecen en estas esquinas. Y está en cada uno de los que pasamos frente al cartel de la Central sin leerlo.

«Por algo será» y «algo habrá hecho» son la misma frase. Con ella una sociedad autoriza a que otros maten en su nombre a quienes considera sobrantes. En los setenta, los sobrantes eran los militantes, los delegados, los que como mi abuelo creían que la salud y la tierra eran derechos. Hoy son los changos de gorra, los carreros, los que tienen berrinches en la vereda, los que no escuchan la voz de alto porque son sordos. Cambió el blanco. La autorización es la misma.

Por eso la consigna con la que cerraba el comunicado de la familia, «el Estado es responsable», es verdadera y es insuficiente. El Estado es responsable. Y el Estado, en democracia, somos también los que lo votamos, lo financiamos y lo dejamos hacer.

VI. Las proclamas y las voces

Frente a la Central, la marcha habló con dos frases.

La primera fue una sola palabra, repetida a coro, al ritmo de los bombos: «¡Justicia!». La segunda fue la fórmula que este país conoce de memoria: «¡Gregorio presente, hoy, mañana y siempre!».

Lo que hace el coro

He pensado en la relación entre esas dos frases colectivas y todo lo que las tres mujeres de la familia me habían dicho una hora antes.

Las voces individuales son complejas. Adriana pregunta qué va a hacer con un preso y qué es ella. Daniela cuenta la oreja perdida, el ojo perdido, los cerdos y las gallinas, el sonajero. La sobrina enumera perdigones, cartuchos levantados, tierra echada sobre la sangre, patrulleros. Álvaro habla de calificaciones legales, de choque hipovolémico, de tutela reforzada. Cada una de esas voces dice cosas que las otras no dicen.

El coro simplifica. Reduce todo eso a una palabra y a un nombre. Podría pensarse que en esa reducción algo se pierde, y es cierto. Pero lo que se gana es de otro orden. El coro no informa: respalda. Cada grito de justicia funciona como una firma colectiva puesta al pie de lo que la familia denuncia. Les dice a los policías que miran desde la recova que lo que afirma la sobrina no lo afirma sola. Y les dice a las tres mujeres que no están solas.

Hay algo más. La repetición rítmica, sostenida por los redoblantes, es una forma de ocupar el espacio con el sonido. La policía tiene el edificio, las rejas, las armas, el parte oficial. Los vecinos tienen la voz. La insistencia del coro frente a una fachada que no responde, y nadie respondió, ningún funcionario salió, ningún compromiso quedó dicho, es la manera que tiene una comunidad de decir que no acepta la versión que ese edificio emitió.

El coro también protege. Rodea a la familia como las hijas rodearon a Adriana ante los micrófonos. Es la escala ampliada del mismo gesto: un círculo de cuerpos y de voces alrededor de quien no puede hablar por el llanto. El dolor privado de la madre queda adentro, resguardado, y hacia afuera sale convertido en otra cosa: en un hecho político.

«Hoy, mañana y siempre»

El grito de «presente» viene de lejos. Lo usamos en cada 24 de marzo para nombrar a los treinta mil. Lo he gritado por mi abuelo. Oírlo dicho por Gregorio Ramos, jardinero del barrio 6 de Septiembre, frente a la Central de Policía, me conmovió de un modo que no esperaba.

Decir que alguien está presente cuando acaba de ser enterrado es una afirmación contra la evidencia. No niega la muerte. Niega el olvido. Compromete a quienes lo gritan con un tiempo largo: hoy, mañana y siempre. Los vecinos de Gogo se obligaron, con esa fórmula, a algo que yo sé por experiencia que es muy difícil de cumplir. Hoy es fácil. Mañana cuesta. Siempre es una palabra que solo se sostiene con organización.

Por eso le dije a la sobrina lo que le dije sobre el tiempo. Las causas contra policías no se pierden en el debate oral. Se pierden antes, en los años de instrucción, cuando la marcha ya no convoca, el periodista ya no llama, la calificación se revisa en una audiencia a la que no va nadie y los treinta días de domiciliaria se han convertido en libertad. La articulación entre la calle y el expediente no es un adorno militante. Es la condición para que el expediente avance. Lo aprendí en los treinta y cinco años que tardó en llegar una sentencia por mi abuelo.

Por qué importa haber estado

No quiero exagerar mi papel. Fui uno más entre los que caminaron. Pero creo que tiene sentido decir por qué importa que quienes venimos de las luchas por los crímenes de la dictadura estemos en una marcha por un caso de gatillo fácil.

Importa, primero, por lo que le dice a la familia. Cuando me presenté ante Daniela como integrante de organismos de derechos humanos, le estaba diciendo que su hermano es un asunto de derechos humanos. Que no es un hecho policial. Que la muerte de Gogo pertenece a la misma historia que la de los desaparecidos cuyos nombres están en los juicios. Para una familia a la que en las redes le dicen que su muerto era un drogadicto, eso no es poco.

Importa, segundo, por lo que le dice a la institución policial. El logotipo de la Asociación Dr. Miguel Ragone sobre la filmación de una protesta frente a la Central no es una firma de autor. Es una declaración: los que reclamamos por lo que esta fuerza hizo en 1976 estamos mirando lo que hace en 2026.

E importa, tercero, por lo que nos dice a nosotros mismos. Vengo sosteniendo desde hace tiempo que el paradigma de la justicia transicional, tal como lo practicamos en la Argentina, muestra signos de agotamiento. No porque haya fracasado. Los juicios son un logro que el mundo nos reconoce, y sin ellos yo no sabría quiénes se llevaron a mi abuelo. Sino porque ordenamos sus ejes en una secuencia que dejó para el final lo que debía ir primero. Verdad, justicia, reparación y, en cuarto lugar, casi como un deseo, garantías de no repetición. Pablo de Greiff (2015), cuando fue relator especial de las Naciones Unidas, dedicó un informe entero a mostrar que las garantías de no repetición son el pilar menos desarrollado del conjunto, y que sin reformas de las instituciones de seguridad, de la justicia y de la cultura cívica, los otros tres quedan mirando hacia atrás.

El caso de Gregorio Ramos me confirma en la necesidad de invertir ese orden. Si tomo la frase de Adriana como guía, la inversión se impone sola. «¿Qué voy a hacer yo con que esté preso?». La justicia penal, aun si llega completa y para los cuatro, llegará tarde para ella. La verdad ya la sabe: la vio en la vereda. La reparación no existe para una madre. Lo único que todavía está abierto, lo único sobre lo que todavía podemos actuar, es que no haya otra Adriana.

Nunca más quiso decir eso. No quiso decir solamente nunca más una dictadura. Quiso decir nunca más un Estado que mata, abandona, limpia la escena e intimida a la madre. Si el Nunca Más se cumple para los golpes de Estado y no se cumple para los perdigones de plomo en los barrios del sudeste, entonces lo hemos entendido a medias.

Poner la no repetición en primer lugar tiene consecuencias prácticas, y las enumero para no quedarme en la consigna. Significa preguntarse por qué una patrulla lleva cartuchos de plomo a un procedimiento nocturno en un barrio. Significa que nadie egrese de una escuela de policía sin saber cómo se aborda a una persona con discapacidad. Significa que el primer disparo contra Gogo, el que le sacó el ojo en la protesta de los carreros, debió ser investigado y sancionado, y que si lo hubiera sido quizás no habría existido el segundo. Significa que los organismos de control, como el Comité para la Prevención de la Tortura, tengan presupuesto y capacidad de actuación de control. Significa que la recolección de prueba en casos policiales esté siempre, por regla y no por excepción, fuera de las manos de la fuerza investigada. Y significa que el cartel de la esquina de la Central deje de hablar en pasado, o al menos que alguien les enseñe a leerlo a quienes trabajan adentro.

Que se multipliquen

Termino donde empecé, con Álvaro.

En toda esta historia hay un hombre cuyo trabajo consiste en traducir. Toma el quebranto de una madre y lo convierte en un escrito. Toma la indignación de un barrio y la convierte en un ofrecimiento de prueba testimonial. Toma un certificado de discapacidad que estaba en un cajón y lo convierte en un argumento sobre el deber de tutela del Estado. Toma la historia de un ojo perdido y la convierte en la demostración de un patrón. Sin esa traducción, el dolor de Adriana no entra al expediente, y lo que no entra al expediente, para la justicia, no existe.

Eso es lo que hace un abogado cuando decide estar de este lado. No es frecuente. La formación, el mercado profesional y la sociabilidad de los tribunales empujan para otro lado. Hace falta una vocación particular, y hace falta esa distancia de la corporación de la que hablé al principio, para pasarse una mañana de jueves caminando con una familia del 6 de Septiembre en lugar de tomar café en los pasillos de la Ciudad Judicial.

Ojalá los abogados como Álvaro Camacho se multipliquen. Lo digo como deseo y lo digo como programa. Si la no repetición ha de ser el primer objetivo, necesitamos menos conmemoraciones y más querellas. Necesitamos que en las facultades de derecho de Salta alguien les cuente a los estudiantes que esta también es una manera de ejercer. Necesitamos gremios de abogados que hagan lo que el suyo hace. Las familias ponen el dolor, el barrio pone los testigos y los videos, las organizaciones ponen la calle. Falta, casi siempre, quien sepa llevar todo eso hasta el escritorio de un fiscal y sostenerlo ahí durante años.

Adriana dijo que está muerta en vida. No tengo nada que ofrecerle contra eso. No hay teoría que consuele a una madre. Lo que sí puedo hacer es lo que hice: caminar a su lado, grabar lo que dijo, escribirlo para que no se pierda y repetir, en todos los lugares donde me dejen hablar, la pregunta que ella nos dejó. ¿Qué es ella aquí? De la respuesta que demos, como sociedad, a esa pregunta; depende que el nombre de Gregorio Ramos sea el último de una lista o uno más.

Gregorio presente. Hoy, mañana y siempre.

Referencias

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